Washington, 14 jul (EFEUSA).- El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, negó hoy en Washington que el plazo adoptado por su Gobierno y las FARC para avanzar en el proceso de paz sea "un ultimátum", aunque subrayó que éste "no puede prolongarse indefinidamente".
«No es un ultimátum, no es un plazo fatal. Es una fecha que permite fijarse unos objetivos», aseguró el ministro en una conferencia en el centro de estudios Diálogo Interamericano.
Cristo recordó que se trata de «una decisión conjunta, no unilateral del Gobierno» y subrayó que es producto de «un consenso de la sociedad colombiana sobre que el proceso no puede prolongarse indefinidamente».
«Al término de estos cuatro meses el presidente evaluará la implementación del cese del fuego y los avances en las negociaciones», añadió Cristo, quien consideró que estas han llegado a «un momento definitivo» y que su desenlace se medirá ya «en meses y no en años».
Uno de los aspectos clave es el «desescalamiento» de la violencia, uno de los requisitos fundamentales después de varios meses en los que se ha recrudecido el conflicto con diversos atentados, provocando el hartazgo de la sociedad civil.
«Confío en que con el desescalamiento del conflicto los colombianos vamos a recuperar la esperanza en el proceso», dijo el ministro ante una concurrida audiencia.
Además, Cristo explicó que respecto a los términos de aplicación de la Justicia, «ya pasaron los tiempos de la amnistía y los indultos» y los miembros de la guerrilla tendrán que enfrentarse a procesos judiciales para pagar de algún modo por sus delitos.
De todos modos, el ministro reconoció que muchos de ellos volverán a territorios donde actualmente se encuentran viviendo sus propias víctimas, por lo que enfatizó la importancia de que el Estado provea especialmente a estas de los mecanismos de protección y reparación.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó este lunes de que su gobierno se ha comprometido a poner en marcha a partir del 20 de julio «un proceso de desescalamiento de las acciones militares», en correspondencia con la tregua unilateral de un mes a partir de esa fecha anunciada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Ejecutivo afirmó, no obstante, que continuará garantizando la protección de los colombianos y «en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas».
En cuatro meses a partir del 20 de julio, las delegaciones del Gobierno y las FARC realizarán una primera evaluación tanto del cumplimiento de las medidas de «desescalamiento» del conflicto como de los resultados del acuerdo para agilizar la negociación.
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