Debate sobre «ciudades santuarios» es político y un retroceso, según expertos

Estos ataques podrían echar a perder los logros alcanzados en los últimos cuatro años encaminados a restablecer la «confianza entre los indocumentados y las policías locales», explicó hoy a Efe Salvador Sarmiento, directivo de NDLON, una coalición nacional que agrupa a más 45 grupos a favor de los trabajadores inmigrantes.

Sarmiento precisó que durante este periodo más de 320 jurisdicciones, entre ellas los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a la policía participar en actividades de inmigración que son «voluntarias», como las polémicas «órdenes de detención» de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para dar tiempo a decidir la posible deportación del indocumentado retenido.

El debate sobre las «ciudades santuario» se disparó en julio pasado con la muerte en San Francisco de Kathryn Steinle, de 31 años, de la que se culpa al mexicano indocumentado Juan Francisco López, quien había sido deportado cinco veces.

López fue liberado por la policía de San Francisco a pesar de haber recibido una «orden de detención» de ICE, al considerar, como lo determinaron las cortes federales, que estas peticiones son «inconstitucionales» al carecer del visto bueno de un juez federal para un encarcelamiento por un máximo de 48 horas.

Laura Vázquez, analista de legislación sobre inmigración en el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), señaló hoy a Efe que son las ciudades, condados y estados las que deben decidir «el tipo de cooperación» que desean mantener con las autoridades migratorias.

En su opinión, resulta «problemático e innecesario» que en el Congreso federal se legisle sobre las competencias migratorias de las jurisdicciones locales y estatales.

Estas entidades «simplemente están tratando de proteger la integridad del trabajo policial, la policía es la policía, y la migra es la migra, no queremos polimigra», expresó por su parte a Efe María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FIC).

Las organizaciones coinciden en que los gobiernos han apoyado estas iniciativas motivados por la seguridad ciudadana y también la «salud fiscal», es decir, no gastar recursos en perseguir y encarcelar «al jardinero o la niñera».

De igual forma, estas jurisdicciones no representan realmente un «santuario, refugio o zona libre» para los indocumentados, «allí hay cooperación con ICE, pero limitada porque las estadísticas muestran que es necesario que las comunidades puedan confiar en la policía», indicó Vázquez.

Sarmiento opinó que la tragedia Steinle se ha utilizado para «ganar votos» entre los precandidatos y también para darle fuerza al Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP), que ha reemplazado al de Comunidades Seguras, ambos de ICE y polémicos por la injerencia que busca de las autoridades policiales en temas migratorios.

El caso de López encajó, sin embargo, en la polémica que protagonizaba por esos días el magnate de la construcción Donald Trump por referirse a los mexicanos como «criminales» y «violadores».

A Trump se le unieron pronto otros candidatos republicanos, como Bobby Jindal, que llegó a decir que los alcaldes de estas ciudades son «criminalmente culpables» de los delitos cometidos por estos indocumentados.

Rodríguez lamentó «el oportunismo político de esas posturas antiinmigrantes para posicionarse y movilizar una base extremista».

Por su parte, el exgobernador de Florida Jeb Bush, segundo en las encuestas después de Trump, listó además esta semana entre sus prioridades migratorias acabar con las «ciudades santuario» mediante el bloqueo de subsidios federales, como lo ha propuesto también en el Congreso el republicano de California Duncan Hunter.

No obstante, los grupos a favor de los inmigrantes consideran estas iniciativas un retroceso al promover de nuevo la desconfianza entre los indocumentados no criminales y los efectivos policiales.

Un informe del grupo de estudios The American Inmigration Council concluyó en julio pasado que «la gran mayoría» de los inmigrantes no son «criminales», y que aquellos provenientes de México tienen tres veces menos posibilidades de ser encarcelados que los nacidos en Estados Unidos.

Sarmiento expresó también el riesgo de una enmienda «antisantuario» que se prevé presente la senadora demócrata por California Dianne Feinstein, que, aunque se desconoce su texto definitivo, obligaría a reportar a ICE antes de liberar a un indocumentado.

El activista reiteró que son innecesarias estas medidas, pues «las leyes federales de inmigración ya son obligatorias en las ciudades santuarios y en las que no lo son».