Washington, 15 may (EFEUSA).- El Gobierno instó hoy al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, a no buscar la reelección para un tercer mandato, algo que puede fomentar la "inestabilidad" y la violencia en el país africano después de fracasar el golpe de Estado contra el mandatario.
«La posición estadounidense es que el presidente Nkurunziza, en cumplimiento de los Acuerdos de Arusha, no debería buscar un tercer mandato», dijo un portavoz del Departamento de Estado, Jeff Rathke, en su conferencia de prensa diaria.
«De hecho, la decisión del presidente de anunciar su candidatura para un tercer mandato ha provocado, y lo seguirá haciendo, que se exacerbe la inestabilidad y se fomente potencialmente la violencia en el país», añadió el portavoz.
Esa decisión de Nkurunziza «amenaza la viabilidad del Gobierno burundés, y aumenta el riesgo de violencia e inseguridad que podría amenazar el apoyo de los donantes», advirtió.
Los Acuerdos de Paz de Arusha de 2000, logrados con la mediación del expresidente sudafricano Nelson Mandela, pusieron fin a ocho años de conflicto en Burundi, donde murieron unas 300.000 personas.
El golpe de Estado en Burundi fracasó hoy definitivamente, dos días después del levantamiento militar contra Nkurunziza, tras la detención de los militares insurrectos y la vuelta del mandatario a la capital del país, Buyumbura.
Desde finales de abril, cuando el partido de Nkurunziza hizo públicas sus aspiraciones a la reelección, al menos 20 civiles han muerto en Burundi durante las protestas contra los planes del presidente de presentarse a un tercer mandato, algo que, según la oposición, prohíbe la Constitución burundesa.
Esa decisión motivó también el levantamiento militar y generó temores entre amplios sectores de la población burundesa, que apenas hace una década salió de una guerra civil (1993-2005) que hundió al país y todavía afecta a la sociedad.
Estados Unidos llamó hoy a «todas las partes» en Burundi a «ejercer la contención y abstenerse de cualquier represalia y violencia».
«Aquellos que planean participar u ordenar actos de violencia sistemáticos o generalizados contra la población civil deberían saber que el mundo está observándolos y que tendrán que rendir cuentas», advirtió Rathke.
El portavoz recordó que Estados Unidos mantiene sobre la mesa la posibilidad de prohibir los visados a responsables de violaciones de derechos humanos o cortar la asistencia militar a aquellas unidades que se hayan involucrado en «graves violaciones» a las libertades.
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