San Juan, 16 jun (EFEUSA).- Mientras se acrecientan los problemas financieros de Puerto Rico, el Gobierno de la isla está intensificando la campaña que mantiene en EE.UU. para declararse en bancarrota y acogerse a la protección que confiere el artículo 9 de la Ley federal de Quiebras.
El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, informó hoy que ha realizado una serie de reuniones en ese sentido con miembros del Congreso federal.
Su objetivo es recabar apoyos para el proyecto HR870, con el que se pretende incluir a Puerto Rico en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, así como para lograr que se revise el anunciado recorte de fondos al Medicare Advantage.
Actualmente la ley federal excluye a Puerto Rico, dado su estatus especial de Estado Libre Asociado a EE.UU.
Según la PRFAA, su inclusión otorgaría al Gobierno de la isla el mismo poder que tienen los diferentes Estados de EE.UU. a la hora de autorizar la reestructuración de la deuda de alguna de sus entidades públicas.
En cuanto al programa Medicare Advantage, el Departamento de Salud federal aprobó recientemente un recorte del 11 % de los fondos destinados a Puerto Rico.
Esto representa una pérdida «extraordinaria» de recursos para subvencionar la prestación de servicios de salud de miles de puertorriqueños, por lo que «se están realizando esfuerzos para lograr que el Departamento de Salud federal considere revisar la decisión», explicó la PRFAA en un comunicado.
La Administración del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, está «enfocada en mejorar la condición financiera de las corporaciones públicas de Puerto Rico y lograr un trato justo para nuestros beneficiarios de Medicare Advantage», apuntó Hernández Mayoral.
«Seguiremos tocando todas las puertas que sean necesarias para que Puerto Rico logre sobreponerse ante las dificultades que enfrenta hoy», añadió.
El recién conocido desplome de la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico ha hecho saltar las alarmas, ante la evidencia de que no hay fondos públicos disponibles para hacer frente al pago de las obligaciones de la deuda en los próximos meses.
En mayo la liquidez del brazo financiero del Gobierno cayó un 24 % respecto de abril y quedó en 778 millones de dólares. Además, en junio, último mes del ejercicio fiscal, tendrá que pagar 154 millones en devolución de deuda.
Así las cosas, el panorama se ve realmente complicado para el inicio el 1 de julio del próximo ejercicio fiscal, cuando el Gobierno trabajará con un presupuesto de 9.800 millones de dólares y tendrá que destinar un mínimo de 1.538 millones a deuda e intereses.
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