San Juan, 8 ene (EFEUSA).- Aseguradoras estadounidenses demandaron a Puerto Rico por el desvío que hizo el Gobierno de fondos de corporaciones públicas para el pago de vencimientos de deuda, iniciativa legal que según el Ejecutivo de San Juan conducirá a un escenario incierto por falta de normativa sobre quiebras en la isla.
«Esta acción provocará una carrera de acreedores a los tribunales para reclamar que Puerto Rico cumpla con sus pagos, a pesar de que no contamos con un andamiaje legal para resolver esta inminente crisis de ‘litigación'», señaló hoy a través de un comunicado el gobernador, Alejandro García Padilla, en respuesta a la demanda.
Las palabras de García Padilla van dirigidas a las aseguradoras estadounidenses Assured Guaranty y Ambac Guaranty, que demandaron a varios miembros del Ejecutivo, incluido el propio gobernador, por lo que en la jerga financiera se conoce en inglés como «clawback», que básicamente consiste en tomar dinero de determinadas corporaciones estatales para atender vencimientos de deuda.
Las aseguradoras denunciaron que es inconstitucional tomar el dinero de corporaciones públicas para pagar vencimientos de deuda si no está garantizado que las entidades de las que se sustrae cuentan con los fondos suficientes para hacer frente a sus propios pagos.
Las compañías estadounidenses denuncian que, precisamente, esas corporaciones de las que se tomó dinero para afrontar otros vencimientos de deuda no pudieron hacer frente a sus pagos, por lo que las aseguradoras tuvieron que responder con compensaciones millonarias.
Según los demandantes, el desvío de dinero contribuyó un vaciado de fondos en la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) que condujo al impago de 35,9 millones de dólares de un vencimiento de esa corporación que cumplía el pasado día 1.
Las aseguradores tuvieron que hacer por ello frente al desembolso de cerca de 10 millones de dólares ante las reclamaciones de acreedores de los bonos AFI, que no se pagaron por decisión del Gobierno.
«Tal y como habíamos advertido repetidamente, el Estado Libre Asociado fue demandado anoche por dos aseguradoras de Wall Street», dijo el jefe del Ejecutivo,
«Los acreedores de Puerto Rico pronto van a enfrentarse a un procedimiento en el que no cuentan con un estado de Derecho donde sus reclamaciones se atiendan de manera organizada. Esa realidad nos coloca ante un escenario incierto para todas las partes», advirtió.
La demanda, presentada ante Tribunal federal de San Juan, tiene su origen en el «clawback» ejecutado por el Gobierno a finales del pasado años por no disponer de los suficientes recursos para cumplir con vencimientos de deuda a los que tenía que hacer frente el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, por valor de 354 millones de dólares.
El Ejecutivo, ante la falta de liquidez, decidió tomar 113 millones de la AFI, entre otros.
Medios locales recuerdan que el mecanismo de tomar dinero de corporaciones públicas para atender el pago de obligaciones generales del Estado Libre Asociado es legal, aunque no está claro si ese desvío de dinero tiene que prever que las entidades de las que se sustraen fondos cuenten con recursos suficientes para sus propias deudas.
La demanda, presentadas contra órdenes ejecutivas en los pasados días 30 de noviembre y 8 de diciembre para permitir los desvíos, violan la Constitución estadounidense y suponen una apropiación y desvío de fondos, según los demandantes.
Argumentan las aseguradoras que para el presente año fiscal Puerto Rico espera recaudar cerca de 9.000 millones de dólares, mientas que los vencimientos de deuda alcanza los 1.500 millones de dólares, lo que da a entender que los compromisos con los acreedores se pueden cumplir.
El gobernador de Puerto Rico aprovechó el anuncio de la demanda para cargar contra el Congreso estadounidense por no favorecer que la isla caribeña pueda acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, lo que siempre ha dicho que facilitaría una reestructuración de la deuda bajo amparo legal.
El jefe del Ejecutivo resaltó que el Congreso todavía puede evitar la que definió como «crisis humanitaria que está a punto de suceder» si aprueba la normativa presentada por la líder demócrata en la Cámara de Representantes, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), que concede a Puerto Rico una facultad amplia para reestructurar su deuda.
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