San Juan, 7 abr (EFEUSA).- La clase política y empresarial de Puerto Rico pidió hoy la derogación de la ley que confiere potestad al gobernador para declarar una moratoria en el pago de la deuda que considere oportuno, por considerar que daña la credibilidad de la isla y perjudica a los proveedores del Gobierno.
«Nos lleva a convertirnos en Venezuela, en una república que hasta tiene poder de expropiación de las propiedades y servicios que da el sector privado si al gobernador le da la gana», defendió hoy la portavoz de del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.
En su opinión, dar al gobernador la facultar de decretar de manera unilateral una moratoria sobre el pago de la deuda «es más que peligroso» y puede afectar «a la legislación federal para la reestructuración de la deuda de la isla» que se negocia en Washington, y que pasan por el sometimiento al control de una junta federal de supervisión fiscal.
Desde el ámbito privado, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) pidió hoy la derogación inmediata de la llamada Ley de Moratoria y de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, porque «establece mecanismos y procesos totalmente ajenos a nuestro sistema de gobierno de ley y orden».
Para el presidente de la ACPR, Ricardo Álvarez Díaz, la ley, firmada el miércoles por el gobernador, daña «nuestro sistema constitucional, federal y estatal y menoscaba las protecciones constitucionales, relaciones contractuales, derecho de propiedad privada y acceso a remedios judiciales que nuestros ciudadanos y nuestras empresas tienen frente al Estado».
En su opinión, la norma también crea «una seria incertidumbre y desasosiego en toda la industria de la construcción, la ciudadanía en general y muchas otras organizaciones y empresas de otros sectores importantes para la economía de Puerto Rico».
«Dicha incertidumbre ha afectado severamente a procesos de negociación con acreedores, con el propio Congreso y con la Rama Ejecutiva federal, y ha agravado la falta de confianza y certeza en empresas foráneas y locales, que han estado ponderando o que han hecho inversiones importantes» en la isla, advirtió.
«Por otro lado, todos los suplidores de la empresa privada que proveen bienes y servicios al Gobierno -dijo-, a los que se les adeudan cuantiosas sumas de dinero y que han sufrido los embates del impago o la morosidad por los pasados años, han tenido que despedir miles de empleados, reducir sus operaciones y sufrir todas las consecuencias financieras que ello ha ocasionado».
Esta ley suspende su derecho a cobrar por la vía judicial y se les fuerza a continuar dando servicios o rendir labores sin paga, advirtió Álvarez Díaz, quien exhortó al gobernador y a la Asamblea Legislativa a derogar de manera inmediata la Ley de Moratoria por el daño que hace al «ordenamiento constitucional y a la estabilidad jurídica y económica».
Concretamente, pide la derogación de «todas las disposiciones que conceden poderes especiales de expropiación de propiedad privada, menoscaban las obligaciones contractuales, privan de remedios judiciales a empresas o personas contra el Gobierno y autorizan procesos de sindicatura sin la intervención judicial».
Igualmente, «todas las disposiciones que obligan a ciudadanos y empresas privadas a trabajar y producir bienes y servicios al Gobierno sin paga».
Para el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José E. Vázquez Barquet, la nueva ley también es «inaceptable, nefasta, viola la Constitución de Puerto Rico, menoscaba relaciones contractuales y afecta aún más el ambiente de negocios en Puerto Rico».
«Es el resultado de un acto irresponsable que afecta la imagen de Puerto Rico en los mercados internacionales y deja indefenso al sector comercial -suplidores del Gobierno- y sus empleos, dando poderes al Gobernador para expropiar sus negocios de manera unilateral», lamentó.
José Julián Álvarez, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, considera que con esta ley el Gobierno trata de forzar una negociación con los acreedores, aunque haya dudas sobre su constitucionalidad.
Para el también economista Elías Gutiérrez, se trata de un duro golpe a la credibilidad de la isla, ya que con esta ley tanto el gobernador como la Legislatura violan la Constitución de Puerto Rico, garante de parte de la deuda.
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