Varapalo jurídico en primera reunión grupo negociador de deuda de Puerto Rico

Esta ley, aprobada en junio de 2014, estaba diseñada para que las empresas públicas de la isla pudieran declararse en bancarrota, pero la Justicia federal considera que Puerto Rico no tiene jurisdicción para impulsar tal medida, ya que ya existe la Ley federal de Quiebras.

Así lo dictaminó un tribunal federal el pasado febrero y lo acaba de corroborar el Tribunal de Apelaciones de Boston, que ha declarado inconstitucional la llamada «Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas», que había sido demandada por varios fondos de inversión que tienen deuda de empresas públicas de la isla.

El problema es que en la Ley federal de Quiebras Puerto Rico no está considerado como un estado más y no se le permite que sus empresas públicas se acojan a la protección de su Capítulo 9.

El Gobierno de Puerto Rico confiaba en que, con su propia «ley de quiebra criolla» pudiera «producir el marco legal para hacer viable la reorganización de la deuda de las empresas públicas» que, en palabras del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, es «inevitable».

Según García Padilla, Puerto Rico es «la única jurisdicción de EE.UU.,»y probablemente del mundo, que no tiene un ordenamiento legal para este manejo».

Con esta ley podría haberse sentado a negociar con los acreedores con el arma de poder declararse en quiebra, pero sin ella pierde herramientas de presión ante los bonistas.

En ese sentido, la representante del principal grupo de la oposición Lourdes Ramos dijo hoy que la decisión del Tribunal del Boston «deja inoperante al Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica designado por el gobernador, ya que ningún bonista se sentará a negociar con los mismos que le quisieron empujar un impago en las obligaciones de Puerto Rico».

«Nadie se sienta con verdugos a negociar», comentó sobre un grupo de trabajo que en su opinión es «inútil y estéril» si lo que se quiere es «rescatar la confianza de los inversionistas y lograr acuerdos que permitan a la isla salir de la ruina en que la ha sumido el actual gobierno».

Este grupo de trabajo está formado por el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; el de Justicia, César Miranda; el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; el presidente de la Cámara, Jaime Perelló; y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo.

Durante esta primera reunión que tuvo lugar en la sede del BGF estuvieron también presentes analistas de Citigroup que trabajan como asesores externos del Gobierno para reestructurar la deuda.

También se iniciaron lo trabajos para elaborar un plan fiscal a cinco años, tal y como reclaman los mercados, que se quejan de la falta de seriedad de las proyecciones de los gobiernos de Puerto Rico a lo largo de los años.

Este grupo de trabajo se creó a raíz del anuncio la semana pasada por parte del gobernador de que convocaría a los bonistas para tratar de negociar reestructuraciones y moratorias en el pago de una deuda que se ha convertido en «impagable».

Aunque ésta haya sido la primera reunión oficial, el secretario de la Gobernación dijo el lunes que tanto él como la responsable del BGF se han estado reuniendo durante los últimos días con diversos asesores externos para aclarar estrategias sobre cómo abordar la negociación con los acreedores y cómo elaborar el citado plan fiscal.

Además, este grupo de trabajo ofrecerá antes del 30 de agosto un plan detallado sobre recomendaciones de reformas económicas y fiscales que deberá ser aprobado por la Legislatura.

Esta primera reunión tuvo lugar además el mismo día en que el Tribunal de Apelaciones de Boston validara hoy la orden un juez federal de embargar las cuentas del Departamento de Salud de Puerto Rico, después de que éste presentara un cheque sin fondos por 3,6 millones de dólares, 6 millones menos de lo que supuestamente adeudaba.