San Juan, 11 ene (EFEUSA).- La falta de liquidez del Gobierno de Puerto Rico estuvo a punto de dejar hoy a ambulancias, coches patrulla y otros vehículos públicos sin gasolina, algo que se arregló finalmente gracias a la renegociación de la deuda que el Estado mantiene con la petrolera Total.
La responsable del Departamento Legal de Total Puerto Rico, Denise Rodríguez, señaló hoy a Efe que, finalmente, la compañía accedió a mantener el suministro de combustible a la flota gubernamental mientras el Gobierno busca vías para contener la deuda, que supera los 16 millones de dólares.
Este es un caso práctico más que muestra cómo la crisis de liquidez de las arcas públicas de la isla afecta ya directamente a los servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía.
«Fue alcanzado un acuerdo amistoso que permitirá continuar el suministro», señaló Rodríguez, tras aclarar que la Hacienda puertorriqueña hará hoy un pago de tres millones de dólares a la multinacional y se ha comprometido a realizar otro de cuatro millones antes de que acabe enero.
La jefa de Gabinete del Gobierno, Grace Santana, confirmó hoy en declaraciones a medios locales el pago de esos tres millones, y reiteró el compromiso de atender el próximo en el plazo establecido.
El objetivo es mantener la deuda por debajo de los diez millones, el límite de línea de crédito que Total concede a las autoridades puertorriqueñas.
Rodríguez recordó que la compañía francesa mantiene operaciones en Puerto Rico desde hace cerca de ocho años, cuando se convirtió en proveedora del Gobierno, una relación que pretende mantener tras el acuerdo alcanzado al final de la pasada semana y que hoy se hizo público.
Ese acuerdo pone de relieve los graves problemas de liquidez por los que atraviesa Puerto Rico, que en conjunto se calcula que adeuda a sus proveedores cerca de 330 millones de dólares y acumula una deuda pública de más de 72.000 millones de dólares en bonos.
La carga de la deuda es tal que el Gobierno ya ha decidido empezar a incurrir en algunos impagos a los bonistas ante su incapacidad para reunir fondos con los que pagar a proveedores y financiar la prestación de servicios públicos.
Total envió el pasado 31 de diciembre una carta a la Administración de Servicios Generales de este Estado Libre Asociado a EE.UU. en la que se advertía del corte de suministro si no se reducía la deuda por debajo de la línea de crédito de 10 millones de dólares.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, detalló hoy que el Gobierno destina cada mes entre 200 y 230 millones de dólares a pagar a proveedores y explicó que el pago a Total era necesario porque de lo contrario los vehículos de la policía, bomberos o ambulancias no habrían podido salir este lunes a las calles.
El caso de Total pone en evidencia los problemas para cobrar que están teniendo todo tipo de proveedores del Gobierno, un tema que sin embargo está quedando relegado a segundo plano en los medios, por detrás del conflicto que supone dejar de devolver la deuda a los bonistas internacionales que tienen títulos de deuda de Puerto Rico.
A primeros de año el Gobierno decidió no pagar 37 millones de dólares para atender el vencimiento de la deuda de dos corporaciones públicas, lo que supuso la constatación de que la isla ya está en el terreno del temido «default» (impago).
La semana pasada, el Gobierno anunció a consecuencia de ese impago varias aseguradoras estadounidenses -que tenían asegurada esa deuda- presentaron demandas contra varios miembros del Ejecutivo.
Ello supone, como destacó el gobernador, el inicio de lo que promete ser una larga y complicada batalla judicial entre el Gobierno y los titulares y aseguradores de su deuda, entre otros motivos porque la isla no tienen un marco legal para regular la quiebra de sus corporaciones públicas.
Mientras el jefe del Ejecutivo reclama a Washington que permita a la isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, el líder de la oposición y representante -sin voto- de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense, Pedro Pierluisi, acuso al Gobierno de ser incapaz de negociar con sus acreedores.
Pierlusi participará mañana en Washington en una vista pública de la Cámara de Representantes federal sobre la energía en Puerto Rico, asunto que apuntó de vital importancia ya que sus elevados precios ahuyentan a potenciales inversores y son una carga para empresas y particulares.
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