Walmart cerrará 7 tiendas en Puerto Rico

Walmart cerrará 7 tiendas en Puerto Rico

San Juan, 15 ene (EFEUSA).- Walmart anunció hoy que cerrará siete tiendas (con 400 trabajadores) en Puerto Rico, donde la cadena de supermercados, la mayor en la isla con 55 establecimientos y 15.000 empleados, mantiene un pulso jurídico con el Gobierno local tras una reciente subida de impuestos.

«El cierre de las empresas no tiene nada que ver en absoluto con la demanda presentada contra el Gobierno de Puerto Rico», aclaró hoy a Efe Iván Báez, portavoz de la mayor cadena de supermercados del mundo y también la que más factura en la isla.

En ese sentido, recordó que el gigante del comercio minorista anunció hoy el cierre de 269 tiendas en todo el mundo, lo que afectará a 16.000 empleados, 6.000 de ellos fuera de EE.UU. El país más afectado es Brasil, con 60 establecimientos.

En Puerto Rico, los locales que se cerrarán son las tres tiendas de la cadena Súper Ahorros que el grupo tiene en la isla (en Coamo, Villalba y Utuado).

También cerrará cuatro establecimientos Amigo (Salinas, Río Grande, Carolina y Toa Alta), de los 25 con los que cuenta repartidos por todo el territorio de este Estado Libre Asociado a EE.UU.

En esos siete centros trabajan un total de 400 empleados, según detalló Báez, quien apuntó que a todos ellos se les intentará recolocar en otras tiendas de la cadena.

En la actualidad en Puerto Rico hay 55 establecimientos de la cadena: 6 Walmart, 12 Supercenter, 11 Sam’s Club, 25 Supermercados Amigo y 3 Súper Ahorros. En todos ellos trabajan unas 15.000 personas.

Las noticias de cierres de negocios en Puerto Rico se están multiplicando en los últimos meses, en gran parte debido al efecto que está teniendo en las empresas la crisis económica, que se prolonga ya por cerca de una década, y que está restringiendo el consumo.

Luis Daniel Rosa, ayudante ejecutivo del secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y director del Programa de Desarrollo Laboral, dijo en un comunicado que si algunos de ellos no pueden ser reubicados «tenemos lista la Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos para ofrecerles oportunidades de empleo alternas y/o Servicios de Respuesta Rápida que los ayuden a obtener otro empleo».

«Además hay planes de abrir otros centros en las localidades de Hatillo y Bayamón», aseguró Báez para dar idea de que Walmart no tiene intención alguna de abandonar la isla, al tiempo que insistió en que esto nada tiene que ver con el conflicto que la cadena mantiene con el Gobierno de Puerto Rico.

Sobre la demanda, dijo que no le está permitido hablar de ella ya que se trata de un proceso que se sigue en los tribunales.

Además de emplear a unas 15.000 personas en la isla, la cadena asegura contribuir anualmente con cerca de 100 millones de dólares con el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y realizar compras a proveedores locales por un valor de 1.600 millones de dólares.

La multinacional, que asegura que pagó en el último año fiscal 94 millones de dólares en impuestos estatales y municipales, ha presentado una demanda contra la Ley 72 del 29 de mayo de 2015 («Ley 72-2015»), que enmendó varias secciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para modificar el IVU y otros tributos.

El Gobierno de Puerto Rico, que atraviesa una grave crisis de liquidez -que le ha llevado incluso a dejar de pagar a algunos de sus acreedores en los mercados internacionales-, quiso con esa ley elevar el impuesto que grava las compras entre las compañías matrices y sus filiales en la isla.

Walmart considera que esa ley viola la cláusula de comercio entre Estados y otras leyes federales, y advierte de que con el actual impuesto tendría muy difícil mantener sus operaciones en la isla.

La normativa, apunta la demanda de Walmart, aumenta el impuesto a pagar entre las empresas por compras realizadas fuera de Puerto Rico del 2 % al 6,5 %, lo que Walmart entiende es el tributo más alto a pagar en cualquier parte del mundo.

La empresa estadounidense asegura que se trata de una normativa dirigida específicamente contra la multinacional, que factura unos 2.700 millones de dólares al año en la isla, y que no tiene sentido actuar en contra de una empresa que es parte de la solución a los problemas que sufre el Estado Libre Asociado.

El legislador del gobernante Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos, reclamó a la empresa el mes pasado que no se oponga a «hacer una aportación justa en función de su volumen real de negocios y ganancias» y que no provoque ansiedad innecesaria a sus empleados y proveedores locales con la amenaza velada de que podría cerrar operaciones en la isla si no se retira el impuesto.

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