Grupos civiles critican sistema de «cuotas» en centros de detención

El estudio pone de manifiesto la aplicación de cuotas mínimas de indocumentados en centros de detención en Los Ángeles y San Diego, en California, y en Houston, El Paso y San Antonio, en Texas, en esta última ciudad con el número más alto, un total de 2.005 detenidos.

Las organizaciones civiles Detention Watch Network y el Centro para los Derechos Constitucionales, encargadas del estudio, analizaron también ciudades como Denver, Miami, Phoenix, Seattle, Buffalo, Nueva Orleans y Newark.

En las ciudades analizadas los contratos mínimos garantizados con las cárceles públicas y privadas «fomentan» la detención total de más de 8.500 personas, según la investigación titulada «Banking on Detention: Local Lockup Quotas and the Immigrant Dragnet».

«La detención de inmigrantes bajo el gobierno Barack Obama se ha convertido en un mercado financiero, donde se está vendiendo a la gente con fines de lucro a un enorme costo moral y económico», señaló Silky Shah, codirectora de Detention Watch Network

Ambos grupos criticaron que «los beneficios y el modelo de negocio de estas instalaciones están protegidos de potenciales efectos de una reforma migratoria, cualquier expansión de la discreción procesal, u otras acciones administrativas».

«Aún más desconcertante es la forma en que las cuotas locales y nacionales puedan influir en la toma de decisiones» de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), concluye el informe, que instó al Gobierno a abordar esta problemática si quiere lograr una «verdadera reforma migratoria».

Las cuotas han guiado a ICE en la «dirección equivocada y enriqueciendo a empresas privadas como el Grupo GEO», cuestionó Isabel Vinent, directiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.

Vinent denunció en concreto que los contratos con prisiones privadas en el sur de Florida fomentan un aumento en las detenciones.

La coalición señaló que ICE paga por un mínimo de 950 camas de detención, sin importar si se utilizaron o no, y que el grupo GEO, propietario del Centro de Detención de Broward, en Pompano Beach, es uno de los beneficiarios de este tipo de contratos con un mínimo garantizado de 500 camas.

Jonathan Fried, director de WeCount, un grupo que representa a inmigrantes campesinos, dijo que las cuotas son «injustas» y afectan no sólo a las personas detenidas y sus seres queridos, sino también a los contribuyentes.

En el mismo sentido, Vinet aseguró que este modelo «desperdicia el valioso dinero de los impuestos para pagar por esas camas, así no se utilicen. Está mal, moral y económicamente».

Fried indicó que es una incógnita hasta qué punto la política de inmigración está determinada por los intereses de lucro de las empresas de prisiones privadas y las agencias policiales.

«Los contratos con mínimos garantizados locales con las corporaciones con fines de lucro, e incluso con los gobiernos locales, han creado e impulsado este mercado: todo a un costo enorme para las familias detenidas arbitrariamente y para los contribuyentes que pagan la cuenta», enfatizó Shah.