Activistas afirman que proyecto republicano «politiza» debate migratorio

La propuesta del congresista republicano Duncan Hunter, representante por California, establece bloquear subsidios federales a agencias policiales y servicios de inmigración que no cumplen con la ley migratoria vigente, una postura que rechazan las organizaciones inmigrantes porque que estiman que solo alimentará la desconfianza hacia los efectivos policiales.

En Illinois, la cárcel del Condado Cook se convirtió en 2011 en un «ejemplo nacional» al negarse a cooperar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para deportar a detenidos por delitos menores sin papeles, a lo que se sumaron órdenes ejecutivas de 1985, y una ordenanza de 2006, que prohíbe a las agencias municipales de Chicago colaborar con esta agencia federal.

Según la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), así como para el Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago, estas son «herramientas muy importantes» que han ayudado a «fomentar la confianza entre la policía y las comunidades que sirven».

En una declaración divulgada hoy, ambas organizaciones citaron un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Illinois, según el cual el 44 % de los latinos encuestados señaló no estar dispuesto a acudir a la policía por ayuda, ante el temor a ser interrogados sobre su estatus migratorio.

Ambas organizaciones se oponen al proyecto de Hunter, aprobado ya en el Comité de Reglas de la Cámara Baja, porque entienden que la participación de la policía en tareas de inmigración «estorba el trabajo de las agencias policiales, distrae recursos de personal y financieros, y evita que cumplan con su tarea de seguridad pública».

En una declaración conjunta expresaron su firme oposición a «cualquier esfuerzo que penalice» a la policía por no colaborar con Inmigración.

Por su parte, la Coalición Interreligiosa para la Inmigración (IIC), estima que el proyecto de ley que se discute en el Congreso apunta a unas 320 jurisdicciones que han implementado en todo el país políticas para limitar la colaboración policial con ICE.

«Dicha propuesta revertirá años de esfuerzos que son vitales para mantener la seguridad pública en vecindarios de todo el país, y donde las personas pueden denunciar situaciones peligrosas y buscar protección sin temor a ser deportados y separados de sus familias», señaló.

IIC, al igual que otras organizaciones y activistas proinmigrantes, pide a los líderes de la nación que «no se politice la tragedia» del 1 de julio en un muelle de San Francisco, donde Kathryn Steinle fue asesinada por Francisco Sánchez, un inmigrante indocumentado deportado cinco veces del país por poseer antecedentes penales.

El caso de Steinle disparó nuevamente el debate nacional sobre la relación que deben mantener las agencias federales de Inmigración con las autoridades locales en torno a deportaciones de indocumentados.

El padre de la víctima, Jim Steinle, abogó esta semana desde el Capitolio en Washington por una reforma legal que acabe con las «fisuras» en las políticas migratorias vigentes que permiten que convictos indocumentados «caminen libremente por las calles de este país».

Frank Sharry, director ejecutivo de la organización America’s Voice, lamentó no obstante la estrategia republicana de «echar en un mismo saco a trabajadores decentes y a delincuentes».

Según declaró, la muerte de Steinle «es una enorme tragedia», pero al «politizarse el debate migratorio» se echaría por tierra el esfuerzo realizado por las agencias policiales y estatales para «mantener y ganarse la confianza» de los inmigrantes.

Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), también calificó de «politiquería y exageración» el proyecto republicano para obligar a los departamentos de policía a «hacer el trabajo sucio de ICE».

NumbersUSA, que aboga por la limitación de la inmigración indocumentada en Estados Unidos, señalo que el proyecto de ley de Hunter sería insuficiente, porque «no hace nada sobre el gobierno federal, que ofrece el mayor ‘santuario’ del país», según señala en un comunicado.

«Estados, ciudades y condados santuario dejan en libertad todos los años a miles de extranjeros convictos de crímenes, pero el Departamento de Seguridad Nacional libera a decenas de miles de extranjeros criminales», agrega la entidad.

De ser aprobada la iniciativa de Hunter en el pleno de la Cámara de Representantes, la propuesta pasaría para su discusión en el Senado.