Denuncian daño psicológico a familias en centros de detención de inmigrantes

«En conjunto con la Comisión de Mujeres Refugiadas y el Consejo de Inmigración Americano, creemos que los campos de prisioneros de familias deben cerrarlos. El perdurable daño físico y emocional que están sufriendo las madres y los niños detenidos es inconcebible», dijo hoy a Efe el presidente de AILA, Víctor Nieblas.

AILA, la Comisión de Mujeres Refugiadas y el Consejo de Inmigración Americano presentaron ante el Departamento de Derechos y Libertades Civiles (CRCL), del Departamento de Seguridad Nacional, una queja formal por la decisión de mantener a las madres y los niños solicitantes de asilo en instalaciones de «tipo carcelario».

El abogado añadió que con esta queja buscan poner fin a «esta tragedia» y espera que se tomen medidas inmediatas, se investigue y ponga fin a lo que llama «un horrible capítulo en la historia» del país.

La denuncia incluye detalles del impacto severo y negativo que ha tenido la detención en diez casos de madres y niños que fueron documentados por profesionales de salud mental después de realizar evaluaciones psicológicas.

Michelle Brané, Director de los Derechos de los Migrantes y el programa de Justicia en la Comisión de Mujeres Refugiadas, sostuvo que cada uno de los centros de detención de familias está dentro de la lista porque no hay manera humana de encarcelar madres y niños.

«Estas evaluaciones confirman lo que numerosos estudios y otros testimonios de expertos han atestiguado hace mucho tiempo, que la detención de la familia tiene graves consecuencias, rompe las estructuras familiares, y agrava el trauma en las mujeres y los niños detenidos allí», indicó Brané.

Las tres organizaciones pidieron al CRCL investigar inmediatamente estos casos y solicitan un informe sobre el impacto psicológico y físico que la detención de familias está teniendo en los niños y las madres.

El pasado día 24, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció una reforma para reducir el tiempo que las familias inmigrantes permanecen en estos centros de detención, ante la presión de legisladores y activistas para el cierre de estas instalaciones.

Estos centros se abrieron ante la avalancha de 2014 de miles de menores sin acompañante y familias indocumentadas que llegaron a la frontera sur procedentes, en su mayoría, de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El nuevo plan contempla que las familias que prueben un «miedo razonable de persecución» en sus países de origen puedan dejar el centro de detención a cambio de una fianza «realista».