Inmigrantes señalan que «castigarán» en 2016 a opositores reforma migratoria

«Cualquiera de las dos partes apelara (tras la decisión del Tribunal de Apelaciones), por lo que posiblemente llegara hasta la Suprema Corte. Sabemos que al final ganaremos porque la ley está de nuestro lado», dijo hoy a Efe Eduardo Sainz, representante en el sur de Arizona de Mi Familia Vota.

Este grupo se mantuvo expectante hoy de la audiencia que se celebró en Nueva Orleans, y en la que abogados del Departamento de Justicia federal argumentaron ante los tres jueces del tribunal, los conservadores Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith y la progresista Carolyn Dineen King, que la Constitución ampara las medidas que Obama emitió el pasado noviembre.

La iniciativa presidencial fue bloqueada el pasado 16 de febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen y desde entonces el Gobierno federal se ha abocado a una batalla legal por sacar adelante la medida que protegería de la deportación a cinco millones de inmigrantes indocumentados.

A mediodía de hoy, un grupo de manifestantes se congregaron en las afueras de la sede del Gobierno de Arizona en Tucson para pedir al gobernador, Doug Ducey, que retire a este estado de la demanda colectiva presentada contra las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama, presentada por una coalición de 26 estados, encabezada por Texas.

Sainz resaltó la incongruencia de que Ducey viaje a México el pasado mes para promover el comercio, y en donde declaró que los mexicanos contribuyen con millones de dólares a la economía del estado, y a la vez Arizona se mantenga dentro de esta demanda entablada por 26 estados en su mayoría republicanos y opuestos a la regularización de indocumentados.

«Este caso es muy importante, tengo miedo que si la orden ejecutiva no es aprobada por las cortes puedan deportar a mis padres o mis hermanos, yo no quiero perder a ninguno de ellos», dijo a Efe David Herrera, estudiante de 14 años de edad, y ciudadano estadounidense, que participó de la manifestación.

Agregó que como él hay muchos jóvenes ciudadanos cuyos padres califican para el programa migratorio Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

La Corte de Apelaciones del Quinto distrito, en Nueva Orleans, escuchó hoy los argumentos del gobierno federal y de la coalición de los estados que demandaron la medida, tras lo cual emitirá una decisión.

Si los magistrados mantienen la suspensión, como auguran muchos analistas basándose en la composición del tribunal y los precedentes, el caso saltará al Tribunal Supremo, que no escuchará argumentos hasta la próxima primavera y no fallará hasta el verano, en plena campaña para las elecciones presidenciales.