Inmigrantes piden con 45.364 firmas el fin del bloqueo del alivio migratorio

El escenario de la protesta fue la Corte de Nueva Orleans (Luisiana), que el 6 de julio estudiará en una audiencia la legalidad de las acciones ejecutivas de Obama que un juez de Texas suspendió de forma temporal en febrero, a petición de una coalición de 26 estados, la mayoría de ellos republicanos.

«Vamos a mostrar esta demanda como lo que es: el trabajo de extremistas antiinmigrantes que desprecian a las familias inmigrantes. Habrá un precio a pagar por ese odio. Nuestras comunidades seguirán luchando hasta que ganemos en los tribunales», advirtió la portavoz del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, en inglés), Kika Matos.

Matos, presente en la marcha, aseguró en conversación telefónica a Efe que, ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2016, su organización «hará todo lo posible para informar de quién está con los inmigrantes y quién está contra ellos».

La protesta comenzó en la Corte de Nueva Orleans y tenía como destino la oficina del fiscal de Luisiana Buddy Caldwell, uno de los estados personados en la demanda contra las medidas migratorias de Obama.

Con camisetas con los lemas «Mantenga a las familias juntas» o «Ni una deportación más», los activistas entregaron a miembros del equipo del fiscal las 45.364 firmas recolectadas a través de Internet para decir a los gobernadores y fiscales que ya «han tenido suficiente de políticos jugando con sus familias».

«Es hora de que se acabe inmediatamente esta demanda», reza la petición online, que se dirige a 20 fiscales generales y ocho gobernadores, entre los que destaca el dirigente de Texas, el republicano Greg Abbott, que impulsó como procurador del estado la demanda contra las medidas migratorias de Obama.

La manifestación estuvo animada por la intervención de diferentes líderes religiosos, así como de algunas personas directamente impactadas por la iniciativa republicana, como la mexicana María Agustín, de 26 años.

«Mis padres llegaron de México conmigo y con mi hermana. Mi padre trabajó en la construcción y, como no teníamos suficiente para vivir, mi madre empezó a trabajar en un banco de alimentos para poder traer comida», explicó a Efe la joven, que en 2014 evitó su deportación con la Acción Diferida (DACA), alivio migratorio que entró en vigor en 2012 y quiere ampliar las medidas presidenciales.

Agustín, que tiene tres hermanos con ciudadanía estadounidense, destacó que el bloqueo temporal de las medidas migratorias impide a sus padres acceder al programa de acción diferida para padres (DAPA) dirigido a quienes tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes.

«Muchos indocumentados tenemos talento y deberían dejarnos cumplir nuestros sueños en vez de ponernos barreras», consideró la joven, que permanecerá pendiente de la audiencia que estudiará las medidas dentro de menos de un mes.

Los abogados del Departamento de Justicia aprovecharán la cita judicial para hacer girar a la Justicia en su favor, después de que tras sufrir un revés judicial Obama decidiese esperar y no buscar amparo en el Tribunal Supremo para ejecutar las medidas migratorias destinadas a regularizar a cinco millones de indocumentados.

En vez de acudir al alto tribunal, el Gobierno cree que la mejor forma de resolver la pugna migratoria lo antes posible es concentrarse en la audiencia programada para el 6 de julio en la corte federal, dijo a Efe Patrick Rodenbush, portavoz del Departamento de Justicia.

«El Departamento de Justicia -añadió Rodenbush- se compromete a hacer todo lo posible para resolver el litigio migratorio lo antes posible para lograr un mejor sistema de rendición de cuentas en nuestro sistema migratorio, dando prioridad para la deportación de los peores delincuentes y no a quienes tienen lazos con EEUU y están criando hijos en este país».