México, 21 may (EFEUSA).- Autoridades de competencia de México, Estados Unidos y Canadá celebraron hoy una reunión trilateral en la que subrayaron la relevancia de "implementar las políticas de competencia realizadas en el continente" en un contexto en el que las fronteras comerciales se diluyen.
En el acto, organizado en la capital mexicana por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los tres países hicieron hincapié en que su «objetivo común» es lograr una «política de competencia efectiva» y que esta se pueda implementar con los intercambios entre los tres bandos.
Así lo aseguró el Comisionado del Buró de Competencia de Canadá (CCB), John Pecman, quien alertó de que hoy en día «atacamos realidades de mercados mundiales donde las fronteras no significan nada para los consumidores digitales».
«Con la globalización, los consumidores y los negocios pueden trabajar sin obstáculos a través de las fronteras», aseguró Pecman, quien también recordó que las economías de los tres países constituyen «un cuarto del PIB mundial».
La presidenta de Cofece, Alejandra Palacios, indicó en su intervención que ahora México -donde entró en vigor el año pasado la Ley Federal de Competencia Económica- ya cuenta con «instrumentos legales y penales» para hacer frente a las políticas anticompetencia.
«La falta de competencia no siempre se debe a las prácticas de las empresas, varias veces también se debe a problemas estructurales de los mercados y en ocasiones están en relación con la misma regulación y políticas del Gobierno», advirtió Palacios.
De hecho, las políticas de competencia y las del Ejecutivo «chocan» debido a que los objetivos de las primeras son «de mediano y largo plazo» y las gubernamentales tienden más al corto plazo.
En la relación a las empresas, es necesario que se realicen procesos de investigación y sanción, si procede, por prácticas monopolísticas, aunque «preferimos ser más eficientes en nuestras labores de prevención», destacó la presidencia de Cofece.
La presidenta de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), Edith Ramírez, hizo un repaso por las diferentes herramientas que tiene su organismo para regular las prácticas de conducta anticompetitiva o las fusiones que amenazan la competencia.
Para ello hacen uso de la ley, con procedimientos como solicitar órdenes judiciales para resarcir las ganancias conseguidas mediante fines ilícitos y devolverlas a los afectados.
En ocasiones, también se encargan de establecer los límites entre la conducta legal e ilegal y tratar con los gobiernos y los legisladores, que pueden imponer barreras que frenan el acceso al mercado de productos y servicios.
«Con frecuencia, quienes dictan reglamentos no entienden la manera en que sus acciones afectan a la competencia», explicó Ramírez, complementando que, para evitar esta situación, establecen una colaboración con las fuerzas legislativas, buscando un entendimiento entre estas y los consumidores.
Un procedimiento que han intentado trasladar a conflictos como los surgidos entre sectores tradicionales que se enfrentan a servicios basados en el provecho de las nuevas tecnologías.
Iniciativas como Uber «son muy populares entre los consumidores, pero algunos operadores han usado su influencia en los gobiernos locales para prevenir el uso de algunas aplicaciones», observó Ramírez.
Otro tema que se puso encima de la mesa en la reunión fue el intercambio de aquella información que causa una influencia negativa en los mercados.
En este sentido, Palacios afirmó que la Cofece está elaborando una guía para informar sobre qué acciones tienen «potencial de configurar una práctica prohibida, respecto a otros intercambios de información que son legítimos y habituales en las empresas».
Asimismo, el representante de CCB puso de relieve los beneficios de hacer «investigaciones coordinadas» entre los tres países, compartiendo datos, y de establecer «puntos de referencia» para que las potencias puedan llegar a ser «más transparentes».
El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, señaló que la entrada en vigor del NAFTA -siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, firmado entre los tres países- dio pie a que México abriera las puertas al concepto de «la lucha contra el acaparamiento y los monopolios».
Guajardo defendió la combinación entre instrumentos de política pública y la labor de la COFECE, para garantizar una «competencia justa» desde dentro del país siguiendo el interés común de ambas partes.
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