Activistas dudan en la efectividad del programa federal Streamline

«Siempre hemos sabido que existen serias fallas en este programa donde se violan los derechos fundamentales de las personas», dijo hoy a Efe Isabel García, codirectora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

«Este programa debe de terminar, tiene un alto costo, millones y millones de dólares son utilizados para criminalizar a los inmigrantes indocumentados», aseveró.

Un informe dado a conocer este mes por la Oficina del Inspector General (OIG) concluyó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe de hacer un mejor trabajo para medir la efectividad y el costo relacionado con el programa federal Streamline.

El reporte indica que CBP mide la efectividad del programa Streamline, solo en el efecto que tiene en la inmigración ilegal, pero sus cifras no cuentan con datos sobre el historial de cruce de los detenidos y cuantas veces han sido arrestados tratando de cruzar la frontera, entre otros.

El análisis también destaca que la Patrulla Fronteriza no hace ninguna distinción entre los costos de operación del programa, por lo que no hay una cifra exacta en este aspecto.

El programa Streamline inició en el 2005 en el Sector del Río en Texas, creando una política de «cero tolerancia» para todos aquellos que son detenidos tratando de reingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

El programa se expandió rápidamente e incluyó al Sector Tucson en Arizona, donde aproximadamente un promedio de 80 personas diariamente, de lunes a viernes, son llevadas juntas ante un juez federal para escuchar la sentencia que dicta su regreso al país.

De acuerdo a cifras del reporte de la OIG, durante el año fiscal 2014, aproximadamente 2.100 personas fueron procesadas mensualmente a través de Streamline solamente en el sector Tucson.

El programa actualmente se encuentra funcionando en el Sector de El Rio y Laredo en Texas y Tucson en Arizona.