Consideran ilegal la bravata de Trump de confiscar las remesas de inmigrantes

Al revelar el domingo pasado sus planes para lidiar con los indocumentados, Trump volvió a acaparar los titulares al anunciar que en caso de ser presidente terminará con la inmigración ilegal de manera drástica.

Reiteró que más de once millones de indocumentados serían deportados y en el caso de la frontera con México, construirá un muro que deberá pagarlo el país vecino, y en el caso de que éste se niegue a cooperar, Estados Unidos embargaría las remesas «derivadas de salarios ilegales» enviadas por los migrantes, entre otras medidas.

«Las declaraciones de Trump buscan dirigir la discusión hacia temas que no tienen mérito y provocan un debate ilegítimo», declaró a Efe el profesor Manuel Orozco, especialista de la Universidad de Harvard sobre remesas y migraciones.

Señaló que México recibió en 2014, 23.600 millones de dólares, en su mayoría enviados por inmigrantes que trabajan en Estados Unidos, pero no todos ellos ilegales.

Por lo tanto, las remesas derivadas de salarios ilegales son difíciles de cuantificar porque las empresas que realizan los envíos no están autorizadas a comprobar el estatus migratorio el usuario de sus servicios.

«Lo que Trump sugiere no es posible, y más importante, es ilegal proponer que se penalice a individuos por los actos que debería realizar un estado», agregó.

Orozco señaló que hay muy pocas instancias en las que el Gobierno puede retener legalmente los ingresos de una persona, «y el estatus legal no es una de ellas».

En su opinión, los anuncios del millonario no deberían ser llevados a serio, porque en general «realiza declaraciones provocativas para obtener respuestas que le permitan seguir en el candelero», dijo.

Angie Maria Kelly, directora ejecutiva del Center for American Progress, consideró que Trump está «desconectado de la realidad» y calificó de «social y económicamente estúpido» el plan para confiscar las remesas.

«Es fácil decirlo, pero imposible de concretar técnicamente y de ser una ilegalidad», declaró a Efe.

A Kelly no le preocupa solamente que «los mexicanos y la comunidad latina sean una fuente inagotable de los insultos de Trump», sino que los demás precandidatos republicanos no reaccionen.

«Parece que hablaran otro idioma, pero si no dicen nada es porque están de acuerdo, el mensaje es claro», expresó.

Kelly preguntó «cómo piensan ser candidatos en un país tan diverso como Estados Unidos y dada la contribución de los inmigrantes. Es vergonzoso», agregó.

En 2014, los países de América Latina y el Caribe recibieron 65.300 millones de dólares de remesas, con México a la cabeza, que registró un aumento del 8 %, según un informe del Fondo Multilateral de Inversiones.

Después de México, que recibió más de un tercio de todas las remesas enviadas a la región, se ubicaron Guatemala (5.500 millones), República Dominicana (4.500 millones), El Salvador (4.200 millones) y Colombia (4.000 millones).

El Center for American Progress estudió los costos de la deportación masiva de 11,3 millones de indocumentados.

Estimó que el costo promedio sería de 10.070 dólares por persona, o un total de 114.000 millones, que incluyen la localización de cada uno de los indocumentados y su detención mientras aguardan el proceso en las cortes de Inmigración y el transporte al extranjero.

Según Philip E. Wolgin, director del equipo de Inmigración del centro, encontrar a cada persona sin estatus legal sería «una pesadilla logística que causaría daño social y emocional a comunidades enteras».

Otro estudio, realizado por la organización conservadora American Action Forum, señala que serían necesarios 20 años para deportar a todos los indocumentados, con un costo total de entre 420.000 y 620.000 millones de dólares.

Este estudio incluye en el costo el impacto que sufriría la economía del país, al reducirse la fuerza laboral en un 6,4 por ciento y el producto bruto interno en 1,6 trillones de dólares.