Continúa batalla legal de jóvenes indocumentados por acceso a universidades

Continúa batalla legal de jóvenes indocumentados por acceso a universidades

Atlanta (GA), 16 oct (EFEUSA).- La Corte Suprema de Georgia escuchó hoy argumentos de ambas partes en una demanda interpuesta por un grupo de estudiantes indocumentados que piden se les permita pagar matrícula universitaria como residentes del estado.

La demanda, interpuesta el pasado año por un grupo de 39 jóvenes indocumentados contra la Junta de Regentes de Georgia, busca que la entidad que rige las universidades del estado reconozca la «presencia legal» que les otorga la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Charles Kuck, abogado que defiende la causa de los beneficiarios de DACA, se mostró optimista tras culminar la audiencia aunque señaló que la corte máxima del estado podría tomar varios meses en anunciar una decisión.

El caso Olvera et all. vs. University System of Georgia Board of Regents ya había sido presentado previamente ante la Corte del condado de Fulton y la Corte de Apelaciones de Georgia, ambos casos con fallos a favor del ente estatal.

La Junta de Regentes de Georgia no reconoce el estatus de «presencia legal» que otorga DACA a jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños y por ende les niega la posibilidad de estudiar en varias universidades estatales y exige el pago de matrícula como extranjeros en las que se les permite la inscripción.

La Junta de Regentes de Georgia aprobó en el 2011 dos medidas para prohibir a los estudiantes indocumentados estudiar en las cinco universidades estatales más prestigiosas del estado – Georgia College & State University, Medical College of Georgia, Georgia State University, Georgia Institute of Technology y University of Georgia – y que pagaran matrícula universitaria como residentes.

Antes de aprobar ambas medidas, los inmigrantes indocumentados podían estudiar en cualquiera de las universidades del estado aunque no podían recibir ayuda federal o estatal.

Un reporte del Instituto de Políticas y Presupuesto de Georgia (GBPI) dado a conocer este mes, encontró que no permitir a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes, le cuesta cerca de 10 millones de dólares al año al estado y tiene un efecto negativo en la economía y nivel de competitividad de Georgia.

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