Demócratas contra republicanos, seis meses después del alivio migratorio

Demócratas contra republicanos, seis meses después del alivio migratorio

Washington, 19 may (EFEUSA).- Cuando se cumplen seis meses de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y representantes demócratas se unieron en el Capitolio para cargar contra los republicanos y defender el alivio migratorio, paralizado en los tribunales.

“El presidente tomó acción y ¿qué pasó? los republicanos entregaron una demanda en contra y ahora estamos esperando”, criticó el presidente del Caucus Demócrata, Xavier Becerra, resumiendo el recorrido de las acciones ejecutivas para regularizar a 5 millones de indocumentados que Obama dictó el pasado 20 de noviembre.

Estas medidas dependen ahora de una corte de apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), que hasta dentro de unos meses no decidirá sobre el bloqueo temporal que pesa sobre las medidas y que dictó en febrero, apenas unas horas antes de la apertura de solicitudes, el juez federal de Texas Andrew Hanen a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría con gobernación republicana.

Con las medidas migratorias estancadas y las elecciones presidenciales de 2016 cada vez más cerca, algunos candidatos republicanos conocidos por su oposición al alivio migratorio, como el senador Marco Rubio, se han posicionado a favor de una reforma migratoria, pero “pieza a pieza”, como dijo éste el pasado domingo en una entrevista en la cadena Fox.

“¿Cómo sabemos que si empezamos con un primer pedazo ese no va a ser el último?”, respondió hoy Becerra, quien aseguró que, con la colaboración de los republicanos, sería posible sacar una reforma migratoria antes de las siguientes elecciones, aunque dudó de sus intenciones porque “solo manejan el asunto con la deportación”.

De hecho, uno de los temas que han marcado la espera de estos seis meses ha sido las deportaciones, que según organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados han seguido adelante, a pesar del anuncio de Obama, al que organizaciones como La Raza llegaron a calificar en 2014 como “deportador en jefe” (‘deporter in chief’).

Becerra y la congresista demócrata Zoe Lofgren reconocieron que “la palabra del presidente no se mueve tan rápido sobre el terreno como debería” y argumentaron que el Gobierno federal no puede controlar totalmente a los sheriff, que dependen de las autoridades locales y son especialmente relevantes en el sur del país.

No obstante, ambos reiteraron que las prioridades para la expulsión, como anunció en noviembre Obama, son los delincuentes y no las familias y, por ello, Becerra invitó a las familias que reciban orden de deportación a ponerse en contacto con sus congresistas para que ellos puedan protegerlas.

Precisamente, al Congreso acudió una de estas personas amenazadas por la deportación, la salvadoreña Rosario Reyes, quien llegó a EE.UU. en 2004 y tiene tres hijos, uno de los cuales sigue en El Salvador.

“Dejé a mi hijo José Ramón en El Salvador cuando tenía dos años, ahora tiene 13 y quiero verle. Es muy duro estar separado de una parte de tu corazón y no poder abrazarle. Es hora de que termine la separación”, pidió Reyes, custodiada por los congresistas y una placa en la que podía leerse “#Fight4DAPA”.

Reyes, que cruzó de forma ilegal la frontera, es candidata para el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), proclamado en noviembre por el presidente para amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio estaba previsto para mayo.

Uno de sus hijos evitó la deportación en 2012 al calificar para el programa de Acción Diferida (DACA), un plan que Obama pretende ampliar con sus medidas ejecutivas y que, tras su entrada en vigor hace casi tres años, ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes que llegaron al país siendo niños.

A la espera de obtener un permiso de trabajo, autorización para viajar a su país o una licencia de conducir, los inmigrantes indocumentados siguen en “el limbo”, criticó Clarissa Martínez de Castro, del Consejo Nacional de La Raza, una de las asociaciones hispanas más influyentes del país.

“El presidente actuó dentro de sus capacidades constitucionales al implementar estos programas”, aseguró Martínez de Castro.

No obstante, la decisión sobre la constitucionalidad depende de la corte de Nueva Orleans, que debe determinar si el Gobierno federal tiene competencia para regularizar a los inmigrantes indocumentados o si las medidas de Obama supusieron un abuso de poder y son inconstitucionales, como alegan los republicanos.

Si este tribunal rechaza levantar el bloqueo de las medidas, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

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