El Supremo retrasa su decisión sobre las medidas migratorias de Obama

En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.

Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.

Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la semana entrante, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo al viernes de la misma semana, cuando también tienen prevista una nueva serie de consideraciones.

Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está «roto», sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años en el poder se aprobara una reforma integral del mismo.

Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.

Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, «dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias».

Liderados por Texas, un total de 26 estados -la mayoría gobernados por republicanos- presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.

Si los nueve jueces que integran el Supremo deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del mandatario quedarían invalidadas de manera automática.

Sin embargo, si finalmente es admitida por la máxima instancia judicial del país, activistas y defensores de los inmigrantes ven una oportunidad de abrir un nuevo camino legal para avanzar sobre el asunto.

La organización CASA congregó frente al Tribunal Supremo en Washington a residentes permanentes, «dreamers» («soñadores», jóvenes que llegaron a EEUU indocumentados cuando eran niños) y los padres de ciudadanos estadounidenses que se beneficiarían del programa de Obama, para continuar presionando a los jueces sobre la importancia del caso.

Padres y madres acompañados por sus hijos menores de edad gritaron «¡Sí se puede!» con la intención de que les oyeran los nueve jueces que discutían a puerta cerrada.

Los argumentos legales ante la Corte Suprema se basan en que «el Presidente ha actuado con la autoridad que le otorga el Congreso», explicó a Efe la abogada María Elena Hincapié, del National Immigration Law Center.

«A quién deportar y a quién no deportar es una decisión del Ejecutivo. La Constitución provee al presidente toda la autoridad sobre el tema migratorio», sostuvo Hincapié.

«Creemos que la autoridad legal está bien establecida y tenemos confianza de que la Corte Suprema va a tomar el caso», opinó.

Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la Corte.

Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que «encarecidamente» garantice «la inmediata revisión» del caso por su «enorme importancia» y «el irreparable daño» que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.