San Juan, 11 jun (EFEUSA).- La rama judicial de Puerto Rico se ha puesto en pie de guerra ante el anunciado recorte presupuestario del 16 % que sufrirá a partir de julio, cuando comience un nuevo ejercicio fiscal en el que se prevén cierres de salas de tribunales y recortes de jornada en la judicatura local.
«Nuestro temor es que nos apliquen recortes de jornada y en las aportaciones de la Administración al sistema de retiro; aunque lo peor sería que hubiera despidos», resumió hoy a Efe José Castro, presidente de la Asociación de Empleados de la Rama Judicial de Puerto Rico, que reclama con urgencia al Gobierno que rediseñe el presupuesto.
Esta rama da trabajo a más de 5.000 empleados públicos que durante el último año ya han visto cómo se les reducían algunos beneficios adquiridos y se congelaba la contratación de personal.
El sistema judicial de Puerto Rico está compuesto por los tribunales de primera instancia (repartidos en 13 regiones), el apelativo y el supremo, al que luego hay que sumar el tribunal de distrito federal que tiene jurisprudencia sobre la isla.
Además de los 13 tribunales de primera instancia de cada región judicial, existía una treintena de tribunales «satélites» que se encargaban de cuestiones menores y que teóricamente fueron habilitados para dar cobertura a zonas remotas.
En el último año se han cerrado 11 de esos tribunales menores, en breve lo hará otro y está por verse qué pasará con los 15 restantes.
La rama judicial emplea a 5.011 empleados públicos, una cifra que asciende a 5.379 personas si se suman los jueces, según datos de la citada asociación de trabajadores.
Castro explicó que en el último año estos empleados ya han visto cómo se les obliga a aumentar sus aportaciones al sistema de retiro y cómo se les reducían días de vacaciones o se les eliminaba el derecho a no trabajar el día su cumpleaños.
Este colectivo teme ahora que con el anunciado recorte presupuestario que entrará en vigor el próximo 1 de julio «se recorte la jornada laboral, se reduzca la aportación patronal al plan médico o incluso que se pierdan empleos».
«Aquí no sobra empleados, hay escasez. Llevamos más de un año con las plazas congeladas», aseguró Castro, quien dijo que sólo en el Tribunal de San Juan «se necesitan 50 secretarias y 30 alguaciles», sumados a los cerca de 200 administrativos y 125 alguaciles que se emplean en la actualidad en esta dependencia, donde en total hay cerca de 700 trabajadores.
«Aquí cada posición es necesaria. Puede ser que a nivel gerencial se puedan hacer recortes, pero entre los empleados comunes no sobra nadie», defendió este empleado público de un Gobierno que, tras casi diez años de estancamiento o recesión económica, tiene cada vez más dificultades para pagar las nóminas, prestar los servicios público y atender las obligaciones de la deuda.
La rama judicial registrará una merma de 61 millones de dólares (-16,5 %) , que se sumará a la de 54 millones ya aplicada en el actual ejercicio, algo que, según la jueza presidenta del Tribunal Supremo de la isla, Liana Fiol Matta, «no puede ser razón para limitar los derechos fundamentales del pueblo, ni para impedir el acceso a un foro en el cual la gente pueda presentar sus reclamos y obtener justicia».
En un comunicado de prensa, Fiol Matta dijo que los recortes anunciados agravarán aún más el problema de acceso a la Justicia, sobre todo para los sectores más desventajados de la población, ya que se verá obligada a «cerrar incluso salas superiores» y a limitar el horario y los días de operación de los tribunales.
La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, recordó que en el último año ya se han cerrado 12 tribunales municipales, renegociado contratos de arrendamiento y trasladado el Tribunal de Apelaciones y la OAT.
Además, se han revisado todos los contratos de servicio, eliminado beneficios del personal, incluidos jueces, reducido un 11 % la fuerza laboral mediante congelación de plantilla, eliminado el servicio de «teletribunales» y suspendido el desarrollo del proyecto de digitalización de los procesos judiciales.
Con el nuevo recorte, dijo que habrá que «cerrar más tribunales, cerrar las salas de investigaciones en las noches y los fines de semana, relocalizar la sala de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón y reducir la aportación patronal al Sistema de Retiro de la Judicatura. Además, la Administración se vería obligada a reducir la jornada laboral».
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