Puerto Rico propone recortes y supervisión fiscal a cambio de una moratoria

Puerto Rico propone recortes y supervisión fiscal a cambio de una moratoria

San Juan, 8 sep (EFEUSA).- Puerto Rico se someterá a la supervisión de una junta de control fiscal y saneará sus cuentas en cinco años, con recortes del gasto público, a cambio de una moratoria en la devolución de los 72.000 millones de dólares de deuda que asfixian su economía.

Esos son los ejes centrales de una propuesta en la que las autoridades llevan dos meses trabajando desde que el 29 de junio su gobernador, Alejandro García Padilla, anunció públicamente que buscaría renegociar la deuda porque se había vuelto “impagable”.

Entonces se comprometió a presentar el 1 de septiembre un plan a cinco años de ajuste fiscal y contención del gasto, aunque la presentación se pospuso hasta hoy, alegando que el grupo de trabajo encargado de su elaboración tuvo que centrar sus esfuerzos en los preparativos para el paso de la tormenta tropical Erika.

Tampoco será hoy cuando se conozca el plan pues, según anunció el máximo responsable de su elaboración y secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, se dará a conocer mañana a través de la web del Gobierno.

Este trabajo es muy esperado en los mercados, que en cualquier caso ya han podido conocer algunos detalles, como que incluirá un nuevo cálculo de ingresos y gastos para los próximos cinco años, contando con nuevos recortes del gasto público, proyectos de infraestructuras para dinamizar la economía y mejoras en la recaudación fiscal.

Igualmente, el Gobierno se comprometerá a someterse al escrutinio de una junta de control de fiscal, integrada por expertos estadounidenses además de locales, para así darle más credibilidad.

Se ha ido conociendo también que incluirá iniciativas para facilitar la creación de empresas, reformar Hacienda, recaudar más de las compañías, reducir el gasto educativo y reformar el mercado laboral para incentivar el empleo privado.

Según confirmaron a Efe fuentes del Legislativo, la diferencia entre ingresos y gastos será la cantidad que el Gobierno propondrá pagar a los bonistas cada año.

En la actualidad, Puerto Rico dedicada cada año más de 4.000 millones de dólares a pagar la deuda y, sobre todo, los intereses derivados de ella. Para ello, suele endeudarse aún más con la emisión de nuevos bonos, lo que va aumentando exponencialmente la carga que ello supone.

“El plan establece una hoja de ruta sobre las medidas que se deben tomar tanto para hacer crecer la economía como para continuar el ahorro del Gobierno y para sentarnos a la mesa con los acreedores, que al fin y al cabo es la meta final”, se limitó a explicar hoy el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, en conferencia de prensa.

El interés último, dijo, es “poder sentarnos a negociar con los acreedores, igual que se hizo con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y poder llegar a unos acuerdos”.

No está claro si el plan propondrá una reducción del monto principal de lo que debe (lo que más temen los bonistas) aunque es muy posible, si se tienen en cuenta los términos del acuerdo que se alcanzó la semana pasada con algunos de los titulares de deuda de la AEE, una de las compañías públicas más endeudada y que ha negociado por separado.

Ese acuerdo establece que los inversores cobrarán un 85 % del principal, algo que, aunque supone una pérdida neta, puede ser interesante para los bonistas habida cuenta de que hasta el momento el Gobierno ya ha dejado de pagar dos vencimientos de deuda.

Si efectivamente Puerto Rico logra renegociar el grueso de su deuda, sería la mayor reestructuración hasta el momento en el gran mercado que es la deuda municipal, superando la bancarrota de Detroit (EEUU), de unos 8.000 millones de dólares.

“Hacemos un llamado al país (Puerto Rico) a la solidaridad”, dijo hoy Ortiz, consciente de que las medidas incluidas en el plan seguramente no serán bien recibidas por la ciudadanía.

“Reiteramos el llamado de solidaridad y de unidad para trabajar todos juntos para poder sacar a Puerto Rico de la situación en la que estamos”, insistió el portavoz del Gobierno, que indicó que “no es momento de usar estas circunstancias para cualquier otro fin”.

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