Activistas e indocumentados ven más cerca las medidas migratorias de Obama

Julio Laino y su esposa, Graciela, posibles beneficiarios de la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), alivio migratorio a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente, recibieron hoy en Chicago la noticia con «alivio y mucha alegría en el corazón».

La pareja, que ha vivido 13 años indocumentada en Estados Unidos y aun así logró establecer una próspera empresa de limpieza, explicó a Efe que tiene dos hijos que se han beneficiado con la Acción Diferida (DACA), lo que les podría abrir la puerta a una residencia legal en el país.

Con sus medidas migratorias, Obama quería ampliar DACA, que entró en vigor en 2012 para evitar la deportación de jóvenes que entraron ilegalmente al país siendo niños, y poner en marcha DAPA, aunque su intención de amparar a cinco millones de indocumentados se vio truncada en los tribunales.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones mantuvo esta suspensión, ante lo que el Gobierno decidió apelar ante el Supremo.

Esta medida del juez federal supuso una losa para muchos jóvenes, como César Montelongo, que vivió indocumentado durante 20 años y fue aceptado por la escuela de medicina de la Universidad Loyola de Chicago.

Brian Erickson, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, destacó a Efe que Montelongo es «uno de los muchos ejemplos de personas talentosas que quieren contribuir con este país y que no va a desaprovechar la oportunidad» que ofrecen las medidas de Obama.

Oscar Chacón, de Alianza Américas, declaró a Efe que la decisión de hoy es «un respiro de aire fresco» para tantas personas como el joven hispano, y una victoria importante para quienes luchan por la «justicia y la igualdad de derecho de todas las personas».

Una de estos activistas es la defensora de los derechos civiles Dolores Huerta, que opinó en una declaración escrita que el Supremo «tomó la decisión correcta», pues Obama actuó dentro de sus poderes constitucionales.

También desde California mostró su satisfacción Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), que dijo a Efe que «pronto» habrá «justicia para millones de familias que viven en las sombras».

Por su parte, Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, aplaudió la decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso, después de un año en el que se negó el alivio de las deportaciones a unos cinco millones de inmigrantes, «incluyendo niños ciudadanos de padres elegibles para DAPA».

«La demanda de Texas es mezquina, inmoral y sin mérito. Finalmente, la lucha por la justicia ha llegado a la Suprema Corte», agregó.

Kica Matos, vocera del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM), dijo que el Supremo vio que la demanda era «un intento velado de bloqueo» de legisladores antiinmigrantes, por lo que ahora se espera un fallo favorable que «transforme y mejore» las vidas de millones de personas.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, compartió optimismo y dijo «éste es un gran día para millones de inmigrantes y sus aliados», porque tendrán «una completa y justa audiencia» ante el Supremo, cuyo dictamen se conocerá en junio.

«El Tribunal Supremo usará el sentido común para promover el bien común. La justicia está cerca, finalmente», afirmó.

Tanto CHIRLA, como otros activistas defensores de los inmigrantes en Los Ángeles, aprovecharon la oportunidad para advertir hoy que la acción del Supremo «no significa que hemos ganado», y que la comunidad debe tener mucho cuidado con posibles fraudes.

«Cada vez que tenemos un cambio migratorio, desafortunadamente también llega una ola de fraudes y estafas a la comunidad que está tan desesperada que regala su dinero a quien le promete un beneficio», dijo a Efe la activista mexicana Rosa Elena Sahagún.