Ambientalista mexicano teme que asesinato de líder hondureña no sea el único

Ambientalista mexicano teme que asesinato de líder hondureña no sea el único

México, 4 abr (EFE).- El ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, dijo hoy que teme que este homicidio no sea "el único", porque hay "muchos intereses y mucha resistencia de los pueblos" en los conflictos de la tierra en Honduras.

Por ello Castro, quien regresó a México el pasado 1 de abril tras haber sido retenido en el país centroamericano «de manera ilegal y arbitraria», pidió a la comunidad internacional que permanezca atenta al caso y que demuestre que «Honduras no está solo».

El ambientalista era huésped de Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuando esta fue asesinada a tiros el 3 de marzo pasado en su casa, en la ciudad hondureña de La Esperanza.

«Me dieron por muerto», comentó sobre ese momento, en una rueda de prensa celebrada en la capital mexicana, en la que no aportó más información sobre ese día, ya que la investigación sobre el homicidio continúa en proceso.

Después de que todas sus diligencias se resolvieran, al menos aparentemente, la embajada mexicana en Honduras dispuso su regreso al país. Sin embargo, una vez en el aeropuerto se le impidió tomar el vuelo.

Una juez ordenó a Castro permanecer 30 días más en el país, «sin decir para qué» y con la incertidumbre de no saber si ese plazo se prorrogaría, relató.

Por el clima de inseguridad «no podía salir de la embajada», donde permaneció hasta que la juez levantó el jueves pasado la alerta migratoria, añadió.

La situación de riesgo que viven los defensores de los derechos de la tierra y su criminalización, aseguró Castro, no es una situación concreta de Honduras, sino que se vive en toda América Latina, donde los activistas se enfrentan a los intereses de los poderes y las grandes empresas internacionales.

Dada la presión y la «evidente falta de aplicación de las leyes de Honduras» en torno a su caso, es «extraño que el Gobierno mexicano no haya actuado antes», teniendo formas de hacerlo, consideró el activista, quien alega que estuvo en una situación de «indefensión legal».

Organizaciones civiles mexicanas denunciaron en la misma conferencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no fortaleció «el trabajo ni diplomático ni jurídico para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua».

«Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al Gobierno hondureño para su implementación», especificó Miguel Ángel Miganjos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, resaltando que la prioridad de México fue no afectar las relaciones diplomáticas.

Por otra parte, Édgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), denunció que, dado que en Honduras no están regularizados los derechos de los testigos, a Castro se le aplicó el protocolo de las personas acusadas, yendo contra los estándares de derechos humanos.

En un comunicado emitido el viernes pasado, la SRE indicó que la canciller Claudia Ruiz Massieu agradeció a su homólogo de Honduras, Arturo Corrales, la atención a las solicitudes realizadas por el Gobierno mexicano para permitir el retorno de Castro.

Además, apuntó que seguiría apoyando al ambientalista «para que colabore, al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, en el proceso de investigación por el homicidio» de Cáceres.

Castro, quien agradeció la labor de la embajada por brindarle la protección necesaria, señaló que no sabe si el Gobierno hondureño le pedirá que regrese, aunque lo pone en duda, ya que «se agotó» todo lo que tenía que decir en torno a la reconstrucción de los hechos.

Es más, desde el día 16 de marzo hasta su regreso, no participó en ninguna actividad ministerial de la fiscalía, precisó.

El Ministerio Público de Honduras no descartó que pueda solicitar la presencia en el país de Castro en caso de surgir nuevos elementos en la investigación, y le agradeció su colaboración a los cuerpos de seguridad.

Una semana antes de morir, Cáceres denunció que cuatro activistas de su entorno habían sido asesinados y varios más habían sufrido amenazas.

Para su hija, Berta Zúñiga Cáceres, el asesinato de su madre es un «mensaje de intimidación», un intento de desarticular el Copinh y frenar así la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

La familia de Cáceres desconfía de las pesquisas oficiales, porque aseguran que «la institucionalidad hondureña que ahora pretende realizar la investigación es la misma que la persiguió», por lo que han pedido al Gobierno aceptar que una comisión independiente liderada por la CIDH acompañe las indagaciones.

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