Denver (CO), 5 ago (EFEUSA).- Las autoridades federales de inmigración y las agencias de seguridad locales mantienen "complicadas relaciones" a la hora de cooperar para hacer cumplir las leyes inmigratorias, según un ensayo de la doctora Ming H. Chen.
Según la profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado en Boulder, esta cooperación causa «un complicado círculo de retroalimentación de políticas públicas».
El estudio, que fue presentado esta semana, apunta que cada nivel de gobierno está constantemente ajustándose a las exigencias y respuestas del otro, por lo que cada cierto tiempo cambian los programas y las medidas de verificación de las leyes inmigratorias.
Chen explicó que la cooperación entre autoridades federales y locales cambia al alterarse la percepción de la legalidad, legitimidad, moralidad o contexto político de las leyes o medidas federales.
Pero también puede cambiar si el Congreso interviene o si suceden incidentes que modifican la actitud de la opinión pública nacional, como la muerte de Kathryn Steinle en San Francisco hace un mes tras recibir supuestamente un disparo por parte del indocumentado Juan Francisco López Sánchez.
Este suceso ha desatado una ola de críticas contra las denominadas ciudades santuario, como San Francisco, e iniciativas legislativas contra estas urbes que no colaboran con las agencias federales para deportar a indocumentados.
Estas diferencias quedaron patentes en el programa Comunidades Seguras, que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizó desde 2008 para exigir la colaboración entre agencias federales, estatales y locales para identificar, detener y deportar a indocumentados.
Cuando se implementó Comunidades Seguras la mayoría de las jurisdicciones del país cooperaron con ese programa, pero cinco años después numerosas ciudades, condados y estados dejaron de cooperar, por lo que fue cancelado en noviembre de 2014.
En julio pasado, ICE reemplazó Comunidades Seguras por el Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP) que le permite al Departamento de Seguridad Interna (DHS) «trabajar en conjunto» con agencias locales para identificar, detener y deportar a «criminales convictos y a otros que son un peligro para la seguridad pública».
Según Chen, el abandono de Comunidades Seguras y su reemplazo por PEP ejemplifican el ciclo de cooperación o falta de ella entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales y locales sobre leyes inmigratorias.
Otro ejemplo analizado por Chen es la dispar reacción en distintos estados con respecto al programa de Acción Diferida (DACA), en vigor desde agosto de 2012.
Mientras algunos estados aprobaron sus propias leyes a favor de los beneficiados por DACA otorgándoles licencias de conducir o descuentos universitarios, otros estados denunciaron ese programa en cortes federales, donde el caso aún permanece.
Para Chen, las lecciones aprendidas por ICE y DHS sobre cumplimiento de leyes inmigratorias deberían ser aprendidas por todas las agencias federales si quieren recibir la cooperación de gobiernos locales para sus propios programas.
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