CIDH rechaza «campaña de desprestigio» de México contra Icaza y expertos GIEI

CIDH rechaza «campaña de desprestigio» de México contra Icaza y expertos GIEI

Washington, 29 mar (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó hoy la "campaña de desprestigio" que, a su juicio, tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa, y contra su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

«La CIDH rechaza de forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en prejuicio del Estado mexicano, en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación», apuntó la CIDH en un comunicado.

El Gobierno mexicano reiteró hoy que el mandato de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 18 meses concluye a finales de abril.

En declaraciones a Radio Fórmula, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga, como han demandado los padres de las víctimas, y pidió al GIEI «acelerar el trabajo que vienen realizando» en el mes que les queda.

Por otra parte, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó hace casi dos semanas una denuncia penal contra Álvarez Icaza que argumenta que los expertos han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH al realizar actividades que no están vinculadas con lo establecido en el acuerdo.

En su comunicado de hoy, la CIDH aclaró que al firmar el acuerdo de cooperación con México, su secretario ejecutivo actuó en representación de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de «delegación de firma».

«Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas», explicó la Comisión.

«La CIDH -subrayó- no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo».

«La CIDH -reiteró- expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada».

La Comisión, que cita la denuncia contra Álvarez Icaza en su comunicado, insistió en que el acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).

«Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI», añadió.

La propuesta de dicho acuerdo, continuó la CIDH, surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

Las partes acordaron «la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano», tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.

«La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos» y apoya «en forma categórica el accionar de su secretario ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», subrayó la nota.

De acuerdo con la versión oficial, los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Sin embargo, el GIEI concluyó en septiembre pasado que no hay evidencias que apoyen esta hipótesis, y pidieron la apertura de nuevas líneas de investigación.

En múltiples ocasiones los expertos han demandado entrevistar personalmente a un grupo de militares del Batallón 27, con sede en Iguala, que presenciaron los hechos, pero el Gobierno respondió que dicho interrogatorio debe ser realizado por el Ministerio Público en el marco del proceso penal.

Al cumplirse 18 meses de la tragedia, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, pidió al Gobierno que, al no haberse producido los avances deseados en el caso, se prorrogue el mandato del GIEI. EFEUSA

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