San Juan, 21 ene (EFEUSA).- El suministro de comida a los 12.500 reos de las 37 cárceles de Puerto Rico podría interrumpirse mañana si el Gobierno, con acuciantes problemas de liquidez, no paga la millonaria deuda que mantiene con la empresa que ofrece ese servicio.
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) local, Einar Ramos López, explicó hoy a Efe que el problema es que el Gobierno puertorriqueño le adeuda doce millones de dólares a la compañía suministradora de comida, Trinity Services I, LLC.
Ramos indicó que de esos doce millones de dólares, dos millones ya han sido pagados por el Departamento de Hacienda, cuyo secretario, Juan Zaragoza, «se ha comprometido a emitir mañana un cheque de un millón para llegar a los tres millones».
El resto del dinero «está por validarse por Hacienda para ser pagado», dijo Ramos.
«Hacienda está trabajando con ellos, y dado eso, pues el servicio estará normal y funcionando. Ese es al menos el compromiso de Hacienda», afirmó hoy el titular del DCR.
«Todo esto me preocupa, porque son doce mil seres humanos, pero el problema está casi resuelto y espero que mañana se solucione», agregó Ramos.
Dijo además que Zaragoza y la empresa Trinity -que lleva suministrando comida a las cárceles de Puerto Rico desde el año 2011- tuvieron esta semana una negociación para finiquitar los pagos próximos «y entendemos que eso ayudaría con la situación».
Trinity suministra desayuno, almuerzo y cena a las penitenciarias de la isla caribeña. Dicha comida, según explicó Ramos, es evaluada por una dietista, debe tener un cierto valor calórico y tiene que estar bajo determinados estándares de nutrición.
Ramos dijo que, hasta el momento, el ambiente en las cárceles están bajo control, que los presos saben del problema y, aunque ha habido reclamos sobre la calidad de la comida, la mayoría de los reos «están complacidos con lo que se les sirve».
Sin embargo, algunos familiares de los confinados han alzado su voz contra el DCR y Ramos por la acumulación de deudas con la empresa Trinity.
Como consecuencia también de la crisis de liquidez y la necesidad de recortar el gasto público, el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, también anunció esta semana que se está estudiando la idea de excarcelar presos que hayan cometido delitos menores.
Ramos aseguró al respecto que «el Gobierno no cuenta con un plan para esto», pues «mayormente estos planteamientos e ideas son propuestas de la gente».
«Esa posibilidad hay que evaluarla», afirmó Ramos, quien explicó que habrá que determinar sobre qué tipos de delitos se aplicaría.
El costo por preso asciende a decenas de miles de dólares al año, al tiempo que el Código Penal establece hasta cuatro años de cárcel en casos por cargos menores como la posesión de marihuana.
La situación del suministro de comida en las cárceles en Puerto Rico debido a la crisis económica en la isla se suma a otras que el Gobierno local ha enfrentado en las pasadas semanas con otros sectores, como la posibilidad de que varios hospitales tengan que suspender sus funciones por deudas a la compañía de electricidad.
Igualmente, hay información de que el Gobierno desahucie en los próximos días a familias que residen en viviendas sociales porque acumulan deudas en el recibo de la luz.
Según la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), «desde que se estableció el subsidio y la tarifa fija de energía en los residenciales públicos, éstos aumentaron su consumo y no cumplieron la obligación de pagar sus facturas, ni los plazos del acuerdo del pago mensual».
La compañía ha decidido que a partir del 1 de febrero suspenderá el servicio a todo cliente con subsidios que acumule deudas, ya que en total este tipo de usuarios deben a la empresa eléctrica 30 millones de dólares.
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