El Tribunal Supremo da alas al voto hispano de Texas de cara a las elecciones

De forma unánime, los jueces de la máxima instancia judicial del país rechazaron la petición de dos tejanos, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, que creen que la distribución del censo electoral para el Senado estatal es «extremadamente desigual» y, por ello, querían que se revisase el histórico principio de «una persona, un voto».

El Alto Tribunal definió esta idea en 1964, en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y con el objetivo de evitar que las zonas rurales -tradicionalmente blancas- tuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría negra.

Los demandantes defendían que en el censo solo debían aparecer las personas con derecho a votar, es decir estadounidenses mayores de 18 años, y debía excluirse a los menores de edad, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y antiguos criminales, cuyo derecho al voto está restringido en muchos estados.

Frente a ello, en su sentencia de hoy, escrita por la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, el Tribunal Supremo respondió que los legisladores «sirven a todos los residentes, no solo a aquellos que pueden votar o que están registrados para ello».

La magistrada afirmó que aquellos que no pueden votar, como los niños, «tienen una participación muy importante en debates políticos» y, por ello, todos los habitantes deben aparecer en el censo y deben figurar como población a la hora de elegir a los legisladores.

Si el Supremo hubiese fallado a favor de los demandantes, las zonas rurales y tradicionalmente republicanas habrían ganado más peso, frente a las concentraciones urbanas, donde vive la mayor parte de la comunidad hispana indocumentada y que, a pesar de no tener residencia legal, figura en el censo.

En términos prácticos, la decisión del alto tribunal beneficia a los demócratas que suelen encontrar respaldo en zonas urbanas.

En un comunicado, Nina Perales del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), calificó de «clara e importante victoria» para los inmigrantes la decisión del Tribunal Supremo.

A pesar de esta victoria, los hispanos se enfrentan a las leyes discriminatorias que varios estados han aprobado en los últimos años para evitar que las minorías expresen su opinión en las urnas.

Esta circunstancia es posible desde que, en 2013, el Supremo invalidara una sección de la Ley del Derecho al Voto, de la que se cumplieron 50 años el pasado agosto y que obligaba a algunos estados considerados de «tradición discriminatoria» a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales.

Desde entonces, estados como Carolina del Norte y Virginia han aprobado leyes que, por ejemplo, obligan a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en el país no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.

En este contexto, cobra especial importancia esta decisión del Tribunal Supremo sobre Texas, que se produce a solo unos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que el voto latino puede jugar un papel crucial.

Los nueve jueces que deben componer el Tribunal Supremo evaluaron este caso en una audiencia en diciembre.

Sin embargo, la sentencia la dictaron ocho jueces, que quedaron divididos entre cuatro liberales y cuatro conservadores tras la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia.