Piden que la OEA cree un grupo para evaluar candidatos a la CorteIDH y CIDH

«Tiene que haber un sistema independiente primero a nivel nacional y después a nivel internacional para evaluar a los candidatos y garantizar su imparcialidad», explicó a Efe la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic.

Los países miembros de la OEA votarán en la próxima Asamblea General, que se celebrará en Washington los días 15 y 16 de junio, para renovar cuatro de las siete plazas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y otras cuatro de las siete de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Consejo Permanente de la OEA no ha promovido, como sí hizo en ocasiones anteriores, un foro público para analizar la idoneidad de los candidatos, a pesar de las continuas peticiones de las organizaciones de la sociedad civil en este sentido.

En este contexto, la Open Society Justice Initiative (Iniciativa para la Justicia y una Sociedad Abierta, OSJI) impulsó la redacción de un informe elaborado por cinco expertos independientes sobre los 11 candidatos propuestos por los Estados miembros de la OEA para las 8 vacantes.

«Esperemos que el siguiente sistema sea oficial y no nacido de la sociedad civil, debería ser anunciado con antelación antes de la próxima elección, para que estén claras las reglas del juego», pidió hoy el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH y uno de los cinco expertos que elaboró el informe, en la presentación del documento.

Esta iniciativa de evaluación independiente se inspira en una idea similar de organizaciones de la sociedad civil en la Corte Penal Internacional, que fraguó y terminó por ser institucionalizada, algo que las entidades americanas esperan que ocurra también en la OEA.

De los 11 candidatos propuestos por los Estados miembros del organismo, los cinco expertos independientes del panel sólo ponen en duda la idoneidad de los candidatos de Bolivia y Ecuador, dos de los países que más cuestionan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto a Venezuela y otras naciones de la Alianza Bolivariana (ALBA).

Los expertos consideran que el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño, propuesto por su país como juez de la CorteIDH, podría enfrentar «conflictos de interés» si mantiene su puesto actual, algo sobre lo que no hay precedentes recientes, pero que no está prohibido.

«Este hecho levanta dudas tanto desde el punto de vista de la carga de trabajo, que quizás le impida cumplir con sus funciones, como sobre posibles conflictos de interés», señala el informe.

Los expertos tampoco dan su aprobación a la abogada y exsenadora boliviana Sandra Soriano, candidata de su país a comisionada, al considerar que podría acusar «falta de independencia e imparcialidad» dado que ha sido «una estrecha colaboradora» de Evo Morales desde que fue elegido presidente.

Otra de las razones que aducen los analistas para cuestionar su idoneidad para el cargo, es que fue la única, junto con el candidato a juez de Ecuador, que se negó a contestar el cuestionario que las organizaciones enviaron a los candidatos para evaluar su conocimiento sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary, pidió la palabra en la presentación del informe para denunciar que, a su juicio, «hay subjetividad» en el documento y no se ha recabado suficiente información sobre los candidatos.

«Vemos que el informe es incompleto e imparcial, y la evaluación que se hace afecta a los candidatos», consideró Pary, para añadir después que la candidata de su país está dispuesta a participar en reuniones con la sociedad civil.

Méndez argumentó que el panel analizó «un caudal importante» de información sobre Soriano, pero que la evaluación habría sido más completa si ella hubiera respondido al cuestionario que le enviaron.

Los expertos adujeron asimismo que al revisar sus intervenciones parlamentarias en Bolivia observaron que tiene una gran adhesión a la política de Evo Morales lo que la hace, a su juicio, menos independiente.

«Nosotros no objetamos a ningún candidato, sólo decimos que hay cierta preocupación sobre algunos», señaló la chilena Cecilia Medina, que fue jueza de la CorteIDH y es otra de las autoras del informe.

Los ocho nuevos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos serán elegidos con voto secreto en la 45ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Washington tras la renuncia de Haití a acoger la cita continental.

Los comisionados son elegidos por un mandato de cuatro años y sólo pueden optar a la reelección una vez, mientras que los jueces tienen un mandato de seis años con también una sola posibilidad de repetir en el cargo.