México, 14 may (EFE).- El jurista mexicano José de Jesús Orozco, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó hoy en una entrevista con Efe que la mejora de la situación de los derechos humanos en Cuba pasa tanto por los cambios políticos internos como por el fin del bloqueo a la isla por parte de EE.UU.
«Además de que se debe mejorar la situación de los derechos humanos en cuanto a las garantías de ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión», la CIDH «también ha puesto énfasis en la necesidad de que se tomen medidas para impedir el bloqueo al que ha sido sujeto el país», afirmó Orozco.
El especialista, que fue presidente de la CIDH entre 2012 y 2014 y actualmente ejerce de segundo vicepresidente, recordó que la Comisión ha señalado que el bloqueo «debe concluir como una condición también para mejorar la situación de los derechos humanos» en la isla caribeña.
Así respondió Orozco a la consulta de Efe sobre si con el reciente deshielo en las relaciones entre EE.UU. y Cuba la Comisión tiene indicios de que se esté suavizando las restricciones a la libertad y a los derechos políticos en Cuba.
La isla permanece en la «lista negra», el capítulo IV, de los informes anuales de la CIDH junto con Venezuela.
A esta última la institución reclama seguridad ciudadana, independencia de la justicia, respeto a los derechos políticos y soluciones para las personas que están encarceladas sin condena firme, así como protección para periodistas y defensores de los derechos humanos.
«Hay algunas cuestiones estructurales de concentración del poder y también la ausencia de garantías al poder judicial de particular preocupación», como «el alto número de jueces provisorios», recalcó Orozco, desde 2009 uno de los siete comisionados del organismo.
Respecto a la permanencia de Venezuela en esa «lista negra» en el informe que emita el organismo en 2015, manifestó que «hasta el momento hay algunos signos preocupantes» para que ello suceda, «pero no es razón suficiente hasta que haya toda la valoración integral».
Entre las inquietudes de la CIDH está la decisión de la justicia venezolana «de otorgar medidas cautelares» para Leopoldo López, el líder opositor encarcelado desde hace más de un año «en condiciones de aislamiento» y «por tiempo prolongado», algo «contrario a los estándares internacionales», especificó.
Sobre el caso de los 43 desaparecidos en septiembre de 2014 en el sur de México, en una operación coordinada por autoridades y policías corruptos con el crimen organizado, el jurista se excusó de responder por la normativa interna del órgano al que pertenece.
El artículo 17 del reglamento de la CIDH prohíbe a sus miembros hacer referencia implícita o explícita a la situación de los derechos humanos en su país de origen, así como intervenir en la deliberación, investigación o decisión de temas relacionados con esa nación.
No obstante, explicó que si un país cuestionado invita a una misión de la Comisión a investigar en su territorio un caso de posible violación de derechos humanos, «se valora positivamente porque logra mayor eficacia en el trabajo» de los enviados especiales.
Puso como ejemplo a Colombia, donde ha encabezado una misión como relator, y Honduras, aunque México también lo ha hecho para el caso de los 43 estudiantes.
Orozco prefirió no pronunciarse sobre la propuesta de algunos países americanos, especialmente de Suramérica, de cambiar la sede de la CIDH, actualmente en Washington, con el argumento de que es una decisión política que corresponde tomar a los países en la Asamblea General de la OEA.
La relación de la Comisión con el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, el excanciller uruguayo Luis Almagro, ha resultado «en excelentes términos», reveló.
En los contactos sostenidos con Almagro las partes «han ratificado el mayor interés en mantener una relación respetuosa», pero también «armónica y comprometida con la vigencia de los derechos humanos», agregó, antes de puntualizar que la CIDH es una entidad autónoma.
Entre los retos del Sistema Interamericano de Derechos humanos citó su necesaria universalización, pues solo siete de los 35 países de la OEA han suscrito los siete tratados que lo conforman, lograr más financiación y conseguir un cumplimiento cabal de las decisiones de la Comisión sobre los países.
Existe la «visión equivocada de que son optativas las decisiones emanadas de la Comisión», cuando en realidad «se espera que se cumplan».
«La parte en la que hay un mayor cumplimiento es donde hay una reparación pecuniaria», un terreno en el que «la mayor parte de las recomendaciones se han cumplido», pero en «las decisiones de justicia, para investigar, procesar y sancionar a los responsables hay un mayor desafío», concluyó.
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