Charlotte (NC), 13 jul (EFEUSA).- Un juez federal en Carolina del Norte comenzó hoy a escuchar los argumentos a favor y en contra de cuatro provisiones de la ley del sufragio del estado, considerada una de las más restrictivas del país.
En una corte de la ciudad de Winston Salem, al norte del estado, el magistrado Thomas Schroeder inició hoy un proceso judicial en el que durante tres semanas tanto el Gobierno local como las organizaciones que en 2013 demandaron al Gobierno de Carolina del Norte podrán exponer su posición.
Entre los cuatro puntos en disputa figura la reducción en la legislación vigente de 17 a 10 días el periodo para el voto adelantado, el cual es muy apelado por la clase trabajadora del estado al ofrecer flexibilidad a la hora de elegir el día y hora para sufragar.
Los demandantes, entre los que se incluyen el Departamento de Justicia federal, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) de Carolina del Norte, la Liga de Mujeres Votantes, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han catalogada a la ley HB 589 de «inconstitucional» y afirman que pone trabas a las minorías para sufragar.
«Esta ley de voto es la peor y la más represiva del país desde 1965, cuando se prohibió la discriminación hacia los votantes, la mayoría afroamericanos. Estamos dispuestos a luchar por nuestro derecho al sufragio en Carolina del Norte», afirmó hoy el reverendo William Barber, presidente del NAACP de Carolina del Norte.
Bajo la legislación vigente los jóvenes entre 16 y 17 años no pueden «preregistrarse» para sufragar, tal como venía ocurriendo en el estado, y recién al cumplir los 18 años la inscripción se realizaría automáticamente.
Para los comicios de 2010 y 2013, más de 150.000 adolescentes se preregistraron.
En el juicio no se analizará otra de las cláusulas relacionadas a la presentación obligatoria de una identificación, ya que la Asamblea General aprobó en junio pasado una ley que suaviza este requisito.
Los votantes pueden presentar una «declaración de impedimento razonable» en el que expliquen las razones del por qué no pueden proporcionar una identificación con foto oficial en las precintos electorales.
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