San Juan, 1 mar (EFEUSA).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico anunció hoy que ha enmendado el acuerdo de reestructuración de deuda que había alcanzado con sus bonistas para ampliar algunos de los plazos que se habían acordado previamente.
Según detalló en un comunicado, las enmiendas extienden una serie de plazos previos, entre ellos la fecha prevista para la presentación de una petición para la aprobación de la compensación de transición a la titulización y el correspondiente mecanismo de ajuste, que ha quedado fijado para el 22 de marzo.
Además, se ha establecido que no será hasta el 22 de abril cuando se inicie la revisión del sistema actual de precios de la compañía pública.
Los plazos iniciales no se pudieron cumplir en parte porque la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico tenían que dar el visto bueno a los acuerdos alcanzados por la AEE para reestructurar su deuda y modernizar su funcionamiento.
«Estas extensiones fueron necesarias por las enmiendas realizadas en la Ley de Revitalización de la AEE durante el proceso legislativo que requirió información y documentación adicional que debe ser enviada a la Comisión de Energía como parte del proceso de revisión tarifaria», explicó al respecto la empresa.
Hasta el pasado 16 de febrero los legisladores no dieron el visto bueno al plan de reforma que los bonistas exigían al Gobierno de la isla a cambio de sentarse a negociar un alivio en la devolución de los más de 9.000 millones de dólares de deuda que acumula la empresa pública.
Ese mismo día el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió con su firma un proyecto del Senado en la Ley de Revitalización de la AEE que permite reestructurar el 14 % de toda la deuda de Puerto Rico y un ahorro de 1.000 millones de dólares para el Gobierno.
La AEE alcanzó en diciembre pasado este principio de acuerdo con los dueños del 70 % de la deuda que implicaba una tregua de cinco años para el pago de 700 millones de dólares, a cambio de la aprobación de un plan de reestructuración y modernización de la empresa que garantizara su viabilidad futura.
El visto bueno de gobernador llegó después de un intenso debate en el Legislativo que supuso la introducción de enmiendas al texto inicial.
El acuerdo negociado entre empresa y acreedores durante meses favorece, según sus críticos, los intereses de los bonistas y conllevará inevitablemente una subida en los precios de la factura eléctrica, que ya de por sí es muy elevada si se tiene en cuenta la baja calidad del servicio.
El director ejecutivo de la compañía, Javier Quintana, reconoció públicamente que la aprobación de la ley supondrá una subida de 3 centavos por kilovatio y hora tan sólo seis meses después de que entre en vigor.
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