Los Ángeles, 31 jul (EFEUSA).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) señaló hoy que toma muy en serio el "bienestar" de las madres y menores indocumentados que se hallan en los centros de detención operados bajo su responsabilidad, y que investigan cualquier denuncia de abuso que se reporte en las instalaciones.
La agencia federal rechazó de esta manera las acusaciones de activistas e inmigrantes sobre el presunto maltrato que reciben las madres y menores indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que permanecen en los centros de detención de inmigrantes ilegales.
Richard Rocha, portavoz de ICE, señaló que la agencia «toma muy en serio cualquier acusación de maltrato o abuso en cualquiera de sus instalaciones», y que investiga siempre que se registra alguna denuncia al respecto.
«La salud, seguridad y bienestar de todos los que están bajo nuestro cuidado» son vigilados por los agentes de ICE, agregó el funcionario, quien precisó que los dos centros de detención en Texas, abiertos tras la ola migratoria registrada en la frontera sur el pasado año fiscal, junto con el del condado Berks (Pensilvania), albergan a más de 1.400 madres y menores.
Activistas del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y coaliciones de fe lideradas por la Iglesia Metodista Unida de North Hills, entre otras organizaciones, denunciaron a Efe que las mujeres y niños indocumentados son retenidos en celdas conocidas como «hieleras» en esos centros de detención.
Rocha aseguró que, dentro de los estándares de ICE, las personas detenidas reciben «tratamientos médicos adecuados».
«ICE asegura que los centros residenciales operan en un ambiente abierto, que incluye cuidados médicos, salas de juego, servicios educativos, servicios sociales y consejería legal», enumeró el funcionario.
Por su parte, Katherine Vargas, portavoz de la Casa Blanca, dijo a Efe que «debido a la amplia acción del gobierno para responder a los desafíos de la migración Centroamericana del verano pasado, la situación en la frontera ha mejorado».
«El número de menores y familias inmigrantes arribando a nuestra frontera se ha reducido», afirmó.
De acuerdo a estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera (CBP, en inglés), entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014 se registraron 57.478 menores no acompañados que cruzaron la frontera sur, mientras que desde el 1 de octubre del año pasado y el 30 de junio de este año se han contabilizado 26.685.
Un descenso de más del 50 por ciento se refleja también en el caso de los menores acompañados de un adulto, contabilizados como «unidad familiar» al comparar ambos periodos.
«Seguiremos trabajando fuertemente para desmantelar redes de traficantes y para abordar la situación económica y de seguridad en la región para prevenir un futuro aumento migratorio», aseguró Vargas.
«Es importante que el congreso apoye la solicitud de fondos para un plan a largo plazo para el progreso en Centroamérica, para que no tengamos una situación similar en los próximos años», subrayó.
La semana pasada Dolly Gee, una jueza federal de California, rechazó los argumentos del gobierno federal para mantener detenidas a las familias inmigrantes centroamericanas en los dos centros en Texas y ordenó que fueran dejadas en libertad.
Gee señaló que la retención de los menores violaba el acuerdo judicial «Flores» de 1997, que desde entonces ha regido el trato legal que deben tener los menores inmigrantes aprehendidos en la frontera.
«Estamos decepcionados con la decisión de la corte y la estamos estudiando en consulta con el Departamento de Justicia», afirmó el pasado sábado Masha Catron, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
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