México, 18 may (EFE).- Las consecuencias del escándalo por el presunto sobreprecio en las cuotas de peaje en una autopista construida y operada por la empresa OHL México trascendieron el ámbito económico y llegaron al terreno político con la caída de un funcionario del central Estado de México.
El gobernador de esa entidad vecina de la capital mexicana informó el domingo que la Contraloría estatal consideró que en el caso del secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, «no se observaron diversos principios de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos».
La Contraloría llegó a esa conclusión con base en el resultado parcial de la investigación que se realiza respecto al título de concesión del Viaducto Bicentenario, otorgado a OHL México, y a las conversaciones telefónicas difundidas en internet que involucran a Mena y a ejecutivos de la compañía.
Por ello, y con base en la mencionada ley, la Contraloría impuso una multa de 189.000 pesos (12.592 dólares) a Mena y éste presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el titular del Poder Ejecutivo estatal.
El gobernador indicó que la investigación sobre el título de la concesión, en la que participan los despachos Pricewaterhouse Cooper y Ernst & Young, abarca tres etapas: el otorgamiento, su operación y las modificaciones a los términos originales.
A la fecha se ha concluido con las actividades y procedimientos específicos correspondientes a la primera etapa, y se encuentran en proceso las relacionadas con la segunda, abundó.
Ávila, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), había anunciado el pasado 8 de mayo la auditoría «ante la presunción de actos irregulares por parte de la empresa OHL en la operación del Viaducto Elevado Bicentenario».
El pasado 6 de mayo fueron desveladas unas grabaciones de conversaciones telefónicas de representantes de la empresa, filial de la española OHL, colgadas en YouTube y retomadas por diversos medios de comunicación.
Según los audios, un incremento del peaje del Viaducto Bicentenario es supuestamente usado por la firma para cobrarse por adelantado la construcción de las siguientes fases de la autopista, que aún no han sido iniciadas.
Asimismo, las grabaciones revelan que un directivo de OHL México, Pablo Wallentin, ofreció a Apolinar Mena pagarle unas vacaciones familiares en la Riviera Maya en supuesta retribución por habérsele permitido a la empresa aumentar las tarifas de la autopista.
Un día después Mena aseguró que había rechazado el ofrecimiento. «Recurrí al señor Pablo Wallentin como directivo de OHL para que me apoyara en que el hotel Fairmont, que es propiedad de esa misma empresa, no me obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que yo necesitaba», declaró a la prensa.
OHL México anunció el 11 de mayo que aceptaba la «renuncia voluntaria» de Wallentin, «a fin de no entorpecer las investigaciones y/o dañar más la imagen» de la compañía.
Altos ejecutivos de la empresa han negado tajantemente cualquier irregularidad, atribuido la divulgación de las grabaciones al espionaje industrial y advertido de que buscarán reparaciones por los daños derivados del escándalo.
OHL México es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México y líder de su sector en el área metropolitana de Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados.
A raíz de la divulgación de las cintas, las acciones de OHL México han sufrido pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores que en algunas jornadas han superado el 10 %.
En coincidencia con el escándalo, la matriz española OHL reportó en días recientes un beneficio neto de 49,1 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso interanual de 18,7 %, lastrado por la menor contribución de sus operaciones en México.
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