Denver (CO), 8 jun (EFEUSA).- Dirigentes comunitarios hispanos y afroamericanos marcharon hoy hasta la sede del Departamento de Policía de Denver para insistir que se los incorpore al comité a cargo de la reforma carcelaria en esta ciudad y no solo como participantes de subgrupos de consulta.
Representantes de las filiales locales del Foro Latino de Colorado (CLF), de la organización afroamericana NAACP, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de grupos comunitarios y religiosos eligieron la hora y el lugar para coincidir con la segunda reunión del comité de ocho personas que decidirá las reformas del Departamento del Alguacil de Denver.
La información difundida hoy por el Departamento de Seguridad Pública de Denver indica que algunos dirigentes serán invitados al subgrupo de participación comunitaria, según lo dispuso el Equipo de Implementación de Reformas en su primera reunión que, como la de hoy, se realizó a puertas cerradas.
Ante esa situación, las organizaciones mencionadas entregaron un petitorio al alcalde Michael Hancock, quien seleccionó a los miembros del comité, pidiéndole «aumentar la transparencia y la participación comunitaria» en ese comité ejecutivo.
Específicamente, CLF, NAACP y ACLU pidieron que se avise al público dónde y cuándo serán las reuniones del Equipo de Implementación de reformas carcelarias y que se publiquen las minutas de esas reuniones, así como el presupuesto total del proyecto.
También pidieron que se revele cómo se seleccionará al nuevo alguacil en jefe y qué participación tendrá la comunidad en ese proceso; y solicitaron que se reconozca que todo el sistema de seguridad pública debe ser reformado, no solamente las cárceles.
«Se debe disipar el mito de que un ‘agente de cambio’ transformará al Departamento del Alguacil. Las autoridades deben ser claras con el público reconociendo que el cambio institucional es un largo proceso que requiere una evaluación honesta de las fallas sistémicas del liderazgo en cada nivel del gobierno de la ciudad», sostuvo Lisa Calderón, copresidente del CLF en Denver.
«También se debe reconocer que fue un error negarle a la comunidad una banca en el Equipo de Implementación por lo que se debe corregir esa transgresión inmediatamente», agregó.
Los dirigentes además pidieron que se estudie la posibilidad de que el puesto de alguacil en jefe ya no sea un nombramiento político sino, como sucede en otros condados del área de Denver, un cargo público elegido por votación popular para que «el alguacil sea responsable ante las personas más que ante los funcionarios municipales».
«Y no se debe perder de vista el hecho de que la meta última de las gestiones para reformar el Departamento del Alguacil es responder a la injusticia social de las encarcelaciones masivas para que se trate a las personas criminalizadas con la dignidad y respeto de seres humanos», declaró Calderón.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *