La empresa eléctrica estatal de Puerto Rico pide protección por bancarrota

Donahue y representantes de empresarios de Puerto Rico testificaron hoy ante el subcomité de Energía de la Cámara de Representantes sobre cómo podrían hacer frente a la deuda de 9.000 millones que ponen a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al borde del colapso.

La jefa de la reestructuración de la eléctrica puertorriqueña, el mayor proveedor público de electricidad de Estados Unidos, dijo que podrían quedarse sin liquidez a partir de este mismo verano.

«Los costes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico no están cubierto con la estructura de tarifas actual», explicó Donahue, que auguró como salida una subida de las tarifas, ya más del doble de la media del resto de Estados Unidos.

La gestora de la eléctrica dijo que Puerto Rico «no dispone del lujo del tiempo», y pidió que el Congreso legisle para ayudar a la reestructuración de la deuda de la compañía, algo que podría conseguirse si la isla pudiera acceder a las protecciones de bancarrota del Capítulo 9.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro Javier Padilla, ha solicitado al Congreso que le permita acogerse al Capítulo 9, al que pueden recurrir toda administración local en los 50 estados de la Unión, como medio para obtener cierto margen para gestionar los más de 70.000 millones de dólares que le reclaman sus acreedores.

En representación de Puerto Rico asistió a la vista el presidente del Senado puertorriqueño, Eduardo Bahtia, que en un comunicado afirmó que «es necesario que se eleve la situación de AEE ante este foro federal» y el asunto se convierta en prioritario.

El congresista demócrata Rubén Grijalva lamentó en la audiencia que «el Congreso está negando la capacidad de realizar una reestructuración ordenada de su deuda…La única esperanza para los habitantes de la isla es salir de ella camino de Estados Unidos».

José Serrano, congresista demócrata por Nueva York, dijo que el Congreso debe intentar evitar a toda costa que «la crisis financiera se convierta en humanitaria» en Puerto Rico, con un coste de la energía que lastra la economía de las familias y la posibilidad de cortes generalizados de luz.

Donahue dijo que además de la ayuda del Congreso y de las leyes de bancarrota, la AEE necesita modernizar sus infraestructuras y la manera en que opera, ya que «los más importantes cargos gerenciales cambian con el Gobierno y eso hace imposible que haya planes a largo plazo».

Carlos Rivera, presidente de la Asociación de Empresas Manufactureras de Puerto Rico, recordó que el precio de la electricidad es la base de la competitividad industrial de la isla y las subidas han llevado a recortes y salida de inversión.

Rivera apuntó que el precio de la energía podría triplicar la media de kilovatio/hora de Estados Unidos amplificando aún más la crisis económica de Puerto Rico, que no puede hacer frente a las demandas de pago de los acreedores de deuda.

La empresa estatal dijo en diciembre que había alcanzado un acuerdo con el 70% de sus acreedores, que se comprometen a asumir una pérdida del 15% y perdonar 600 millones de dólares y retrasar 700 millones de dólares en pagos, para lo cual exigen que se permita una subida de tarifas.

Si el Congreso aceptara que Puerto Rico se beneficiara del Capítulo 9 de la ley de bancarrotas, eso obligaría al 100% de los acreedores a acogerse a las quitas.

Además, la AEE sigue sufriendo por infraestructura viejas, dependientes de la quema de petróleo y espera poder conseguir financiación para iniciar una transición progresiva a generación por gas natural, menos contaminante.

El congresista republicano Raúl Labrador indicó que no apoyará un nuevo intento para que Puerto Rico se acoja a las leyes de bancarrota si la isla no se toma en serio las reformas en sectores que van desde la educación a la sanidad, así como las conversaciones con los acreedores, que siguen presionando para que se realicen recortes.