Puerto Rico debe afrontar la devolución de 350 millones de dólares en deuda

De momento, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza, dijo hoy que el pago de los cerca de 200 millones de dólares que el Gobierno debe desembolsar para la paga extra de Navidad de sus empleados públicos dependerá de la liquidez con que cuente el Fondo General del Estado en diciembre.

En ese sentido, apuntó que se están «buscando todas las alternativas para pagar el bono de Navidad a los empleados públicos».

Aún se están realizando reintegros con cuenta gotas de las declaraciones de hacienda correspondientes a 2014 que salieron a devolver y que debían haberse abonado antes del pasado 31 de julio.

El Gobierno de la isla se encuentra inmerso en negociaciones con sus principales bonistas para concederles un «superbono» que permita reestructurar su deuda, consolidándola en un sólo instrumento de deuda con una fuente de repago única que reduzca el importe total (que supera los 70.000 millones de dólares) pero aumente las garantías de cobro.

Con independencia de esas negociaciones, para el martes de la próxima semana el Gobierno de la isla debe pagar obligaciones del Banco Gubernamental de Fomento (el brazo financiero del Ejecutivo boricua) por valor de unos 350 millones de dólares, en su mayoría garantizadas por la Constitución de la isla.

Hasta el momento, el Gobierno no ha confirmado que las vaya a pagar en su totalidad, aunque se cree que al menos pagará los 267 millones de dólares correspondientes a notas garantizadas constitucionalmente.

Tan sólo un mes después, con la entrada del nuevo año 2016, tendrá que hacer frente al pago de otros 957 millones de dólares.

No sería la primera vez que el Gobierno de Puerto Rico deja de pagar sus obligaciones de deuda, ya que en agosto pasado incurrió en algunos impagos, pero podría ser el detonante para que se iniciara una batalla judicial al respecto.

Desde el Gobierno, su portavoz Jesús Manuel Ortiz ha reiterado en varias ocasiones que está haciendo «todo lo posible» para asegurar los pagos, sin que ello suponga dejar de financiar servicios públicos esenciales y el pago a sus funcionarios, sobre los que también se niega a impulsar despidos masivos.

Sin embargo, el gobernador Alejandro García Padilla está viendo cómo el apoyo de su propio partido se erosiona, especialmente desde las Alcaldías controladas por su partido, y se cuestiona incluso que vaya a buscar la reelección en 2016.

La deuda de Puerto Rico lleva ya casi dos años catalogada como «bonos basura» o «chatarra», desde que en febrero de 2014 Standard & Poor’s (S&P) dio el paso que se venía temiendo en la isla desde hacía mucho tiempo y anunció que rebajaba la calificación que confería a las Obligaciones Generales del Gobierno de este Estado Libre Asociado de EE.UU. a BB+, una nota que en el escala de esta agencia está ya fuera del grado de inversión.

Situarse en el grado especulativo implica que se desaconseja comprar esta deuda porque existe el riesgo de que el inversor no vaya a recuperar sus fondos. Ello quiere decir que, quienes aún así deciden invertir, lo van a hacer a un tipo de interés muy elevado que compense el elevado riesgo que asumen.

El resto de las grandes agencias estadounidenses de calificación no tardaron en imitar a S&P, lo que dejó a Puerto Rico en una situación muy complicada para acudir de nuevo a los mercados a pedir el dinero que desde hace décadas necesita para sacar adelante unas cuentas que sin ayuda del exterior no salen.

Por su parte, la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico emitió hoy un pago parcial a los proveedores del Plan de Salud del Gobierno (PSG) por servicios prestados durante marzo.

En declaraciones escritas, el director de la ASES, Ricardo Rivera, anunció el abono de 25,7 millones de dólares, con lo que hasta el momento se han abonado, según dijo, 202 millones, el 61 % de la deuda acumulada hasta septiembre.

Según Rivera, el compromiso del Gobierno es seguir pagando «poco a poco» la deuda que ahora ronda los 131 millones de dólares: 94 millones en reclamaciones por servicios hospitalarios y médicos y 37 millones por pagos administrativos a las aseguradoras Triple S y APS.