San Juan, 20 ago (EFEUSA).- El Departamento de Justicia de EE.UU. cambió al sistema de reembolso el envío de fondos a varias agencias de Puerto Rico tras catalogar de alto riesgo la gestión en esas entidades, un nuevo revés para las deterioradas finanzas del Ejecutivo local que desde ahora deberá adelantar las ayudas.
El representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Congreso en Washington y líder de la oposición, Pedro Pierluisi, señaló hoy que la decisión del Departamento federal responde a la pérdida de confianza de las autoridades estadounidenses hacia el Ejecutivo local que encabeza Alejandro García Padilla.
La Oficina de Auditoría, Asesoría y Manejo de la Oficina de Programas de Justicia federal informó esta semana al Gobierno puertorriqueño de que ocho entidades gubernamentales fueron clasificadas de «beneficiario de alto riesgo», por lo que a partir de ahora serán sometidas a un mecanismo más riguroso para recibir fondos federales.
La notificación enviada por el Departamento de Justicia de EE.UU. señala que en esas agencias se registró, tras llevarse a cabo las correspondientes auditorías, una «debilidad significativa en el manejo financiero y de controles internos de sus finanzas, levantando serias preocupaciones en el manejo de fondos federales».
Las entidades de Puerto Rico afectadas son el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Oficina de Administración de Tribunales, la Procuraduría de las Mujeres y varios campus de la Universidad de Puerto Rico.
La clasificación de «beneficiario de alto riesgo» significa que las entidades implicadas serán sometidas a un control que implica la recepción de fondos solo una vez realizada la correspondiente auditoría.
Por ello el Gobierno deberá adelantar dinero para que se presten los servicios -muchos de los cuales afectan directamente a la población- en un momento de grave crisis de liquidez.
Las nuevas medidas serán aplicadas hasta que las agencias salgan de esa clasificación.
«Se trata de fallos por parte de las autoridades puertorriqueñas», dijo Pierluisi, quien destacó que las consecuencias afectan a la población, que es la beneficiaria de esas ayudas federales.
Pierluisi matizó que trabaja con su equipo para analizar los pormenores de las consecuencias de la decisión del Departamento de Justicia federal.
El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Jesús Manuel Ortiz, aclaró que la decisión no supondrá perder fondos, sino que esas entidades quedan incluidas en una clasificación.
Ortiz subrayó que es un contratiempo, ya que en un momento de grave liquidez el Gobierno se verá ahora obligado a desembolsar primeros los fondos, que después serán reembolsados por las autoridades federales.
El secretario de Justicia, César Miranda, indicó por su parte que la decisión es nefasta, ya que afectará a las agencias implicadas, que para continuar con los servicios prestados están a partir de ahora sometidas a un proceso de reembolso de fondos.
El Gobierno puertorriqueño no anunció oficialmente a qué cifra ascienden los fondos afectados, aunque medios locales apuntan que la cantidad rondaría los 10 millones de dólares.
La decisión de las autoridades federales se produce en un momento de graves problemas de liquidez para el Gobierno de Puerto Rico y después de que a principios de mes se registrara el que se considera primer impago de deuda por parte de una corporación puertorriqueña.
La isla caribeña arrastra una asfixiante deuda de 73.000 millones de dólares y todas las miradas están puestas ahora en la presentación a finales de mes del plan de ajuste fiscal y económico del Gobierno para los próximos cinco años.
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