Puerto Rico pide exención de 13.000 millones dólares a cambio de más sacrificios

Puerto Rico pide exención de 13.000 millones dólares a cambio de más sacrificios

San Juan, 9 sep (EFEUSA).- El Gobierno de Puerto Rico propuso hoy a los titulares de su deuda soberana que le eximan del pago de unos 13.000 millones de dólares durante los próximos cinco años a cambio de nuevos "sacrificios" de la ciudadanía y el sometimiento a una junta de control de control fiscal.

Esos «sacrificios» van desde recortes a las pensiones de los maestros hasta una bajada en el salario mínimo para trabajadores jóvenes, pasando por el cierre de escuelas, la reducción del presupuesto para la universidad pública y la privatización de ciertos servicios en áreas de sanidad, transporte y gestión.

También se propone reformar el Fisco, combatir la elevada evasión fiscal, invertir en infraestructuras, flexibilizar la legislación laboral y controlar el gasto sanitario.

Con estas y otras medidas para tratar de reactivar una economía que lleva casi una década en recesión, el Gobierno puertorriqueño pretende ganarse la confianza de los acreedores de una deuda que ya llega a los 72.000 millones de dólares.

De lograr una reestructuración, ésta sería la mayor en la historia del mercado de bonos municipales, por encima de los 8.000 millones de Detroit en 2013.

Hace dos meses el Gobierno encabezado por Alejandro García Padilla anunció que ya no tenía capacidad para pagar la deuda en los términos en los que estaba negociada, entre otros motivos, porque los mercados financieros le han cerrado las puertas para seguir pidiendo prestado.

Puerto Rico tendría que abonar unos 18.000 millones de dólares en el próximo lustro para pagar sus deudas, algo que «para una economía que no crece es imposible». Por ello, ha pedido a los bonistas que accedan a recibir sólo unos 5.000 millones.

«Obligarnos a escoger entre pagarle a un acreedor o a un maestro, un policía o a una enfermera» es «una decisión que preferiría no tener que tomar, pero que tomaré», advirtió hoy el gobernador en un mensaje transmitido por las radios y televisión locales.

Si los acreedores no están dispuestos a negociar, Puerto Rico «no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos», aunque «ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro», porque «serían años de litigios, impagos y una crisis humanitaria de proporciones mayores», subrayó.

El gobernador reconoció que durante la última década ya se han pedido muchos «sacrificios» a los puertorriqueños, por lo que es tiempo, dijo, de que los acreedores también se sacrifiquen con el objetivo último de lograr el crecimiento económico sostenible, porque sin él, dijo, no se puede pagar la deuda.

Los analistas valoran las intenciones del Gobierno pero las ven difíciles de cumplir, ya que la mayor parte de las medidas enfrentarán una gran oposición política y social y requieren la aprobación parlamentaria o la colaboración de Washington.

Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones que comenzarán el próximo viernes y es posible que se unan a ellas los movimientos estudiantiles y otras fuerzas sociales.

«La capacidad del Estado Libre Asociado de poner en práctica muchas de las políticas recomendadas planteará desafíos políticos», advirtió hoy Ted Hampton, analista de Moody’s, que ve «una alta probabilidad de que esto derive en litigio prolongado».

Para favorecer el apoyo de Washington, recientemente el Gobierno de Puerto Rico ha contado con el apoyo expreso de personalidades como la precandidata presidencial Hillary Clinton o el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que han visitado la isla estos días.

Puerto Rico quiere que Washington le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras para que sus empresas públicas puedan declararse en bancarrota, le exima de las leyes de cabotaje, que obligan a importar todas las mercancías con barcos de bandera estadounidense, y le transfiera los mismos fondos que a otros estados para financiar su endeudado sistema sanitario.

La isla lleva casi una década en recesión y sufre un masivo éxodo poblacional (en gran parte jóvenes y profesionales) que le está dejando cargada de ancianos y de personas a las que les compensa más vivir de las subvenciones públicas que conseguir un trabajo.

«No estamos pidiendo un rescate», dijo hoy el Gobierno, «sino un trato justo» por parte de Washington y la colaboración de los titulares de la deuda, a los que ofrece someterse al control de una junta de control fiscal integrada por cinco miembros que cuenten con su visto bueno.

El Gobierno también ha llamado a la unidad interna, porque «es momento de solidaridad para juntos salir de la situación en la que nos encontramos», ya que «no se puede subestimar el grado de urgencia de la situación fiscal de Puerto Rico».

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