Puerto Rico sopesa pedir al Supremo de EE.UU. aprobación de su Ley de Quiebra

«Esta decisión es lamentable y decepcionante», dijo hoy el gobernador Alejandro García Padilla, ya que «priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones e instrumentalidades públicas».

Esta ley, conocida a nivel local como «quiebra criolla», estaba diseñada para que las empresas públicas de la isla pudieran declararse en bancarrota, pero la Justicia federal considera que Puerto Rico no tiene jurisdicción para impulsar tal medida, ya que ya existe la Ley federal de Quiebras.

Sin embargo, en esta ley Puerto Rico no está considerado como un estado más y no se le permite que sus empresas públicas se acojan a la protección de su Capítulo 9.

La decisión de Tribunal de Boston, emitida el lunes, «no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación», lo que sitúa a la isla en un callejón sin salida, según el Gobierno, cuyos abogados «están evaluando» las alternativas.

Mientras, el gobernador instó «a todos los puertorriqueños a permanecer unidos en un solo propósito: Vamos a exigirle a Washington un trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca y del Congreso».

Puerto Rico lleva meses presionando a Washington para que le permita ampararse en la Ley federal de Quiebras.

Por su parte, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reconoció hoy también su «decepción» ante una decisión que «deja a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas».

«La decisión emitida con relación a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas adoptada en Puerto Rico (…) adjudica como válido el estado de discrimen establecido contra Puerto Rico al excluirlo de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra por acción del Congreso en 1984».

A juicio de Miranda es «arbitrario e inconcebible» que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública.

«Hoy tenemos un Gobierno que queda desamparado en lo que concierne a lo dispuesto en el Capítulo 9, e imposibilitado para legislar su propio instrumento que le permita a nuestras corporaciones públicas atender de forma ordenada la crisis fiscal que ya ha sido anticipada».

Por ello, «evaluamos la alternativa de recurrir al Tribunal Supremo de EE.UU.», anunció Miranda, quien dijo que «mientras tanto», este Estado Libre Asociado debe centrar sus esfuerzos en «persuadir al Congreso para que corrija la acción tomada contra Puerto Rico en 1984 y apruebe la inclusión en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras».

«Esto es indispensable pues, renegociar la deuda de nuestras corporaciones públicas y del país exclusivamente a base de consenso y sin contar con un código ordenado, ha de resultar sumamente difícil y complejo», explicó.

Según el panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que ha estudiado el caso, el Congreso es quien tiene que permitir que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9, tal y como estaba previsto antes de que se aprobaran unas enmiendas al respecto en 1984.

Desde el principal partido de la oposición, la representante Lourdes Ramos dijo que esta decisión evidencia que el Gobierno ha tratado de «defender lo indefendible en los foros legales, ignorando que es el Congreso el que tiene autoridad sobre el ELA» (Estado Libre Asociado).

El minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se aseguró que esta decisión debe ser el punto de inflexión para que el Gobierno «deje de seguir dándole vueltas a la noria y enfrente de una vez y por todas el tema del estatus».

«La casa se nos está cayendo encima y el Gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo en que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala», dijo su presidente, Rubén Berríos.