Rechazo a ley de quiebras en Puerto Rico reaviva debate sobre su estatus político

Aún así, el Gobierno mantiene su plan de comenzar las negociaciones, para lo que ha convocado a sus acreedores a una reunión el lunes en las oficinas de CitiGroup en Nueva York a las 15.00 hora local (19.00 GMT).

Esa entidad trabaja como asesora del Gobierno en cuestiones relacionadas con la gestión de la deuda de la isla, que asciende a unos 73.000 millones de dólares.

Entre los asistentes estará la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex economista jefe del Banco Mundial Anne Krueger, contratada por el Gobierno para evaluar en profundidad la situación financiera de la isla.

También acudirán el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, como representante del Ejecutivo, y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, como máxima responsable de su brazo financiero.

«Es una reunión introductoria», explicó hoy Suárez, quien detalló que se presentará el demoledor informe elaborado por Krueger y su equipo sobre la situación real de las finanzas puertorriqueñas.

Insistió en que el mensaje será que Puerto Rico tiene la «intención» de pagar todo el principal de la deuda, pero necesita cambios en los términos del reembolso para que la economía pueda crecer y así generar los ingresos necesarios para poder pagar.

Acosta explicó también que la intención es presentar a los acreedores del Gobierno central y de las empresas públicas más endeudadas la situación real de Puerto Rico.

«Toda la deuda está sobre la mesa», dijo Acosta en referencia a una de las recomendaciones de Krueger de que se renegociara toda la deuda a la vez, en lugar de tratar de hacerlo cada entidad u organismo público por separado.

Puerto Rico afronta sin embargo el inicio de estas negociaciones sin la baza de poder declararse en bancarrota, ni el Gobierno ni sus empresas, bajo la protección de la Ley federal de Quiebras, un arma que hubiera sido útil para aumentar la disposición de los bonistas a negociar.

Esa ley no considera a la isla como un estado más de EE.UU. y la excluye de su amparo, pero, al mismo tiempo, la Justicia federal insiste en ver inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó hace un año (conocida como «ley de quiebra criolla») para establecer su propio mecanismo de quiebras, argumentando que ese es un asunto que se tiene que someter a la legislación federal.

«Puerto Rico no es una ciudad de EE.UU. de la forma que Detroit lo es, ni es un país soberano como Grecia lo es, por lo que es la primera vez que esto pasa a nivel del mundo, en donde no te puedes acoger al Fondo Monetario Internacional ni te puedes acoger a la Ley de Quiebras de EE.UU.», reconocía el propio presidente del Senado local, Eduardo Bathia.

Esto explica que con el rechazo el lunes del Tribunal de Apelaciones de Boston a la «ley de quiebra criolla» haya reavivado el debate del estatus.

Incluso desde el propio Partido Popular Democrático (PPD), gobernante y único defensor del estatus actual, surgen voces que esta situación desvela deficiencias en este modelo político.

«Estamos viendo que nuestro estatus tiene una debilidades jurídicas y políticas. Negarlo sería intentar tapar el cielo con la mano», aseguraba el representante Carlos Vargas Ferrer en una entrevista con Radio Isla.

También desde ese partido, el senador Cirilo Tirado asegura que «esta decisión pone de manifiesto una vez más las duras limitaciones de la relación colonial entre Puerto Rico y EE.UU.».

El líder del principal partido de la oposición, Pedro Pierluisi, también considera que «el principal problema es el estatus», por lo que aboga por impulsar de una vez la anexión plena a EE.UU. como un estado más.

En el extremo contrario, el minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) considera también que esta decisión debe ser el punto de inflexión para que el Gobierno «deje de seguir dándole vueltas a la noria y enfrente de una vez y por todas el tema del estatus».

«¿Qué más espera el Gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la noria y que hay que enfrentar el problema del estatus para comenzar a resolver sus graves problemas que tiene Puerto Rico?», afirmó su presidente, Rubén Berríos.

Incluso uno de los jueces del Tribunal de Boston, Juan Torruella (puertorriqueño), emitió el lunes una opinión paralela a la sentencia argumentando que esa situación pone en evidencia el «trato colonial» que EE.UU. está dando a Puerto Rico.