San Juan, 29 feb (EFEUSA).- La Alcaldía de Carolina, en el área metropolitana de San Juan, pretende recurrir la sentencia que le obliga a desalojar a las personas que llevan más de diez años acampadas en una de las playas más turísticas y mejor conservadas de Puerto Rico para tratar de evitar la expansión de un hotel.
Así lo anunció el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, en un comunicado, en el que adelantó su intención de presentar un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para tratar de que se reconsidere la sentencia que le obliga a impulsar el desalojo esta semana de las personas acampadas en los terrenos cercanos al Hotel Marriott Isla Verde.
Su objetivo es, dijo, «que sean respetados y garantizados los derechos constitucionales que protegen a los desobedientes civiles que ocupan los terrenos en disputa».
El alcalde estipula que ordenar al municipio desalojarles en un término de cinco días viola sus derechos constitucionales, pues los ocupantes nunca han sido parte de este caso legal.
«Ningún tribunal en Puerto Rico puede violar el derecho al debido proceso en ley. Estas personas no han sido parte en el caso, por lo que no se les puede imponer una orden en contra de los derechos que les garantiza nuestra Constitución», dijo Aponte, quien aclaró que el pleito legal es únicamente entre el Municipio y CH Properties.
Esta Alcaldía puso fin al litigio contra la firma CH Properties el pasado 10 de noviembre aceptando la determinación del Tribunal de Primera Instancia que adjudicaba a la empresa, arrendataria de los terrenos, la responsabilidad de iniciar el proceso de desalojo.
Las instrucciones dadas el pasado sábado por el Tribunal de Apelaciones están «en contra del Estado de Derecho y en ausencia de jurisdicción en la materia», dijo el alcalde, quien anunció que estaba dispuesto a llegar al Tribunal Supremo si fuese necesario.
La cadena Marriot lleva más de una década tratando de ampliar sus instalaciones en el área, pero la oposición vecinal y de grupos de protección del medioambiente lo ha impedido.
Entre esos grupos se encuentra la plataforma Playas P’al Pueblo, que mantiene un campamento desde hace más de diez años en el terreno, que fue traspasado por la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico al Municipio de Carolina en el año 2003.
Con ese traspaso, el Municipio heredó un contrato por 99 años entre el gobierno estatal y la firma CH Properties que le obliga a cumplir con el arrendamiento de cinco cuerdas de terreno (unos 20.000 metros cuadrados) al Hotel Marriott, so pena de perder las restantes 45 cuerdas del Balneario de Carolina.
Los manifestantes se oponen al arrendamiento de ese solar alegando que ello supondría la destrucción de un área de alto valor ecológico y la privatización de facto de una zona de la playa pública.
Parte del terreno -al que suelen acudir anualmente numerosos ejemplares de tortugas tinglar para hacer sus nidos- es utilizado como estacionamiento del hotel y otra parte está ocupada por el citado campamento desde hace diez años.
Recientemente, el hotel llegó a un acuerdo con el Municipio de Carolina por el que éste empezaría a pagar impuestos por ese terreno cuando éste haya logrado el desalojo de los manifestantes y la concesión de los correspondientes permisos de obra.
El plan del hotel es construir en el área un «condohotel», lo que, según los grupos ambientalistas, implicará además el soterramiento de un estacionamiento de vehículos, desvirtuará toda la playa y destruirá un área de alto valor ecológico».
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