Condenados dos exoficiales de Los Ángeles por dar una paliza a una persona

Los exoficiales condenados son Sussie Ayala y Fernando Luviano, que cumplirán seis y siete años de prisión, respectivamente, por violar los derechos del ciudadano Gabriel Carrillo.

El supervisor de los dos expolicías, el sargento Eric González, ya había sido previamente condenado a ocho años de cárcel por los mismos hechos sucedidos en febrero de 2011, cuando Carrillo acudió a la prisión del condado para visitar a su hermano encarcelado.

Cuando los oficiales descubrieron que Carrillo y su entonces novia llevaban teléfonos celulares en el recibidor del centro de visitas de la prisión, lo que constituye una violación de la ley estatal, los visitantes fueron esposados y llevados a una habitación.

Según el relato de los hechos del juez de distrito George H. King, Carrillo se le enfrentó verbalmente a Ayala y ésta llamó a su compañero Luviano, que lo arrojó al suelo.

Posteriormente se unieron otros oficiales para golpear y patear a Carrillo, que sufrió una rotura de la nariz, moratones por todo el cuerpo y cortes en su cara, y que además fue rociado con spray de pimienta mientras estaba esposado.

Tras estos hechos, los oficiales implicados urdieron la historia de que Carrillo les había atacado y había tratado de escapar, por lo que éste fue acusado, pero los cargos contra él fueron rápidamente retirados y el condado tuvo que pagar a carrillo 1,2 millones de dólares para cerrar la demanda civil que presentó.

Las acusaciones contra los ayudantes del sheriff se basaron en el testimonio de otros dos oficiales implicados en el incidente, que pactaron con la acusación declararse culpables y testificar en el juicio a cambio de penas menores.

Estos oficiales aseguraron que se habían falseado los reportes sobre lo sucedido, lo que llevó a los fiscales a hablar de la existencia de un «código de silencio» entre los agentes que impedía revelar fallos de conducta y praxis en la prisión.

Este caso forma parte de una investigación más amplia del FBI sobre las cárceles del condado que ha llevado a condenar a más de una docena de oficiales del sheriff por brutalidad u obstrucción a la justicia.