La Policía de Puerto Rico sella su mayor operativo de tráfico ilegal de armas

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quiso de hecho participar junto al jefe de la Policía, José Caldero en el anuncio oficial de los resultados de esta operación, que se inició en noviembre de 2014 y en la que los investigadores se toparon con hasta 44 organizaciones criminales del área central, este y oeste de la isla.

Caldero detalló que en el operativo denominado «100 x 35 contra el tráfico de armas» y que describió como «el más grande en la historia de la Policía de Puerto Rico» de esta índole, ya que también se confiscaron 34 rifles, 84 pistolas, cuatro revólveres, 115 cargadores y 1.565 municiones de distintos calibres, así como 68 vehículos.

Entre el centenar de detenidos hay todo tipo de personas, entre ellas una maestra, un contador público autorizado, un piloto y dos empleados públicos del municipio de Carolina, aledaño a San Juan.

Todos ellos están acusados de vender un total de 126 armas de fuego ilegales a agentes encubiertos.

En la localidad de Aibonito se detuvieron, entre otros, a cinco familiares de policías y a la citada maestra y se confiscaron cinco rifles y 25 pistolas de diversos calibres.

Trabajaban a través de una organización conocida como «los company» y gestionaban la venta de armas a través de fotos publicadas en internet o de mensajes de texto en teléfonos móviles.

Caldero explicó que algunas de las armas llegaron a Puerto Rico por piezas mediante el Servicio Postal de EE.UU. desde el estado de Florida. Otras se importaron ya montadas gracias a la ayuda de un empleado del servicio de correos.

Para llevar a cabo esta operación, el Gobierno invirtió 250.000 dólares «en compra de evidencia y gastos de introducción» de las armas y, según Caldero, todas las transacciones fueron grabadas.

El responsable de la Policía de Puerto Rico quiso destacar particularmente el trabajo del comandante José Juan García, director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control Vicio y Armas Ilegales, en una operación en la que también participaron miembros del SWAT, helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción.

Durante su comparecencia García ofreció detalles sobre el modo de operar de los detenidos y citó el caso de una persona que compró un arma ilegal a un policía encubierto mientras estaba acompañado de una menor de tres años de edad.

El gobernador de la isla aprovechó el anuncio de esta operación para recordar el contenido de una ley que firmó durante su mandato y que establece que cualquier persona que sea detenida por posesión, venta o uso ilegal de algún arma de fuego ilegal cumplirá al menos dos años en prisión.

«Sabe Dios si alguna de esas armas (incautadas en este operativo) fueron utilizadas en algún crimen. Cerca de 200 criminales que ayer estaban en la calle y hoy están presos», expresó García Padilla, quien apuntó que se prevén más detenciones en las próximas horas.

También recordó que la crisis fiscal que atraviesa la isla ha obligado a recortar el presupuesto de todas las agencias públicas, salvo el de la Policía, ya que el índice de criminalidad es muy elevado. En los últimos años se ha logrado una gran reducción de la violencia armada.

«Como país, hemos sido tímidos a la hora de agradecer a la Policía de Puerto Rico, donde se ha dado la mayor reducción de violencia en el Hemisferio occidental en los pasados años», añadió.