Denver (CO), 24 nov (EFEUSA).- La nueva ordenanza municipal de Denver (Colorado) que impone restricciones a las demandas contra empresas en casos de defectos en la construcción de viviendas divide a los latinos, entre los que hay quienes afirman que la medida afectará los derechos de los hispanos y quienes sostienen que beneficiará la economía.
La ordenanza, aprobada anoche por 12 votos a favor y un solo voto en contra por el Concejo, busca reducir el número de demandas judiciales presentadas por asociaciones de propietarios de apartamentos contra empresas constructoras acusadas de no cumplir con los códigos de construcción vigentes.
Para la Organización de Liderazgo Latino, Defensoría e Investigaciones de Colorado (CLLARO), la nueva medida perjudicará a los hispanos al impedirles contar con un «acceso equitativo al sistema judicial», por lo que se opuso a la ordenanza.
Pero para la Cámara de Comercio Hispana de Metro Denver, este tipo de leyes no solamente es necesaria a nivel municipal sino también a nivel estatal por sus beneficios económicos, porque impulsaría la construcción de viviendas económicas, por lo que esa entidad respaldó la nueva ley.
Aunque Denver es la novena ciudad de Colorado en implementar una ordenanza sobre defectos de construcción, ninguna de las otras ciudades cuenta con tanta población hispana (unas 220.000 personas) como la que reside en la capital de Colorado.
En Denver, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, el 46 % de los latinos vive en casas propias, comparado con poco más del 60 % de los no latinos en esta ciudad y con el 65 % en todo el estado.
Además, sólo el 38 % de los latinos menores de 34 años cuentan con los recursos financieros mínimos como para comprar y mantener una casa propia, contra el 60 % de los no hispanos en esa situación.
Eso significa, según Christine Alonzo, directora ejecutiva de CLLARO, que un alto porcentaje de latinos en Denver reside en viviendas alquiladas, especialmente apartamentos, lo que les pone en riesgo de estar en edificios defectuosos sin que ni ellos ni los dueños de esos apartamentos puedan acudir a la justicia para rectificar la situación.
Por eso, dijo Alonzo, la nueva ordenanza es «un proceso injusto» que sólo beneficia a las grandes empresas.
Por su parte, la Cámara de Comercio Hispana de Metro Denver trabajó desde principios de 2014 con el alcalde local, Michael Hancock, a favor de limitar las demandas contra las constructoras de edificios de apartamentos como una manera de reducir los costos legales de esas empresas y, como consecuencia, reducir el precio final de esas viviendas.
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