Documentos de EEUU revelan que Pinochet encubrió el Caso Quemados

Documentos de EEUU revelan que Pinochet encubrió el Caso Quemados

Washington, 31 jul (EFEUSA).- El general Augusto Pinochet fue el principal encubridor y rechazó investigar el caso de dos jóvenes que fueron quemados vivos por militares durante la dictadura en Chile, según revelan documentos desclasificados del Gobierno de EEUU publicados hoy y que serán entregados al juez de la causa.

Los documentos, hasta ahora secretos y procedentes de la Casa Blanca, la CIA o el Departamento de Estado, revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos.

El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó hoy los documentos en su página web.

Mientras, el Gobierno de Chile anunció que traducirá al español esos documentos y los pondrá a disposición del juez que investiga el conocido como Caso Quemados, que en 1986 se cobró la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas, entonces de 19 años, y dejó malherida a Carmen Gloria Quintana, de 18.

El juez Mario Carroza reabrió la semana pasada la investigación del caso después de la confesión de un exrecluta que formó parte de la patrulla que quemó a los jóvenes.

Desde entonces, doce militares retirados han sido detenidos y procesados por su participación en los hechos.

Según un documento desclasificado del Departamento de Estado, solo cinco días después de la muerte de Rojas el general Rodolfo Stange, entonces jefe de la Policía chilena, hizo entrega a Pinochet de un informe en el que se identificaba a las unidades militares responsables del crimen.

Pinochet dijo a Stange que no se creía esa información y se negó a recibir el informe, de acuerdo con el material desclasificado.

Posteriormente, Stange entregó el informe al general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército y quien supervisó «intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas», según los documentos.

Otro texto, en este caso de la Agencia de Defensa de Inteligencia, afirma que un testigo «fue secuestrado brevemente» y «amenazado» para que cambiara su testimonio, mientras que una nota de la CIA sostiene que funcionarios del régimen «intimidaron» a jueces y abogados para detener los esfuerzos de llevar ante los tribunales a los responsables del ataque.

Para el analista Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional y quien obtuvo los documentos, el asesinato de Rojas, que residía en Washington, contribuyó a la decisión del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, de retirar su apoyo al régimen de Pinochet.

El ministro de Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, dijo hoy que el Gobierno sabía de la existencia de estos documentos desde hacía algún tiempo y que mantiene conversaciones con el Ejecutivo de EEUU para conocer el contenido de párrafos que aparecen tachados en esos y otros textos desclasificados de la época del régimen militar (1973-1990).

Muñoz señaló en una rueda de prensa que los documentos desclasificados contienen «mucha información» y pueden aportar «datos significativos» a la investigación judicial del Caso Quemados.

Mientras, la superviviente del ataque afirmó que «sospechaba» que Pinochet estuvo detrás del encubrimiento.

«En Chile no se movía ni una hoja si Pinochet no lo sabía, por lo tanto es el autor y encubridor de este grave atentado a los derechos humanos», remarcó Quintana, que sufrió quemaduras en el 62 % del cuerpo.

«Todos sabemos que Pinochet estaba perfectamente informado y no solo él, sino todos sus ministros y el conjunto de las Fuerzas Armadas», añadió.

Rojas y Quintana fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados vivos.

Después, los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural de la que lograron salir unas horas más tarde y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 días después.

La reapertura judicial del Caso Quemados ha reavivado en Chile el debate sobre el secreto de 50 años que pesa sobre el Informe Valech, dado a conocer en 2004 durante el Gobierno de Ricardo Lagos y que recoge 33.000 casos de personas torturadas o encarceladas por razones políticas durante la dictadura.

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