San Juan, 9 jun (EFEUSA).- La clase política y social de Puerto Rico se ha unido para emprender una campaña contra el anunciado recorte de los fondos federales que recibe para financiar la sanidad pública y que le supondrá un sobrecoste de entre 400 y 800 millones de dólares que el Gobierno local no puede asumir.
«Esto es una injusticia. Es una determinación injusta con nuestros ciudadanos de edad avanzada (…) y hay que combatirla», dijo hoy el propio gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en una conferencia de prensa antes de viajar hoy a Washington, donde «ése es uno de los temas que voy a tratar».
Recordó que los puertorriqueños que viven en este Estado Libre Asociado a EE.UU. «pagaron igual» que el resto de los ciudadanos estadounidenses, «pero van a recibir menos».
«Tengo la mejor relación con el presidente Obama y la voy a continuar, pero lo que es injusto es injusto. No vamos a claudicar», aseguró el político sobre la decisión de Washington de recortar en un 11 % los fondos que se reciben en la isla a través del Medicare Advantage.
Este programa federal -del que se benefician 560.000 personas en Puerto Rico, un 16 % de la población- da cobertura sanitaria a ancianos, discapacitados y enfermos graves a través de planes privados de salud.
En conjunto, en Puerto Rico el 60 % de la población tiene cobertura sanitaria a través de programas públicos federales, pese a que los médicos reciben reembolsos muy inferiores a los que obtienen sus colegas en el EE.UU. continental, lo que a su vez está llevando a una enorme emigración de doctores (unos 400 al año).
El recorte causará una migración de los pacientes a Mi Salud, el programa local de cobertura sanitaria, lo que puede suponer un sobrecoste de entre 400 y 800 millones de dólares para un sistema que ya tiene serios problemas de liquidez, y en una isla que está sumida en una recesión desde hace una década y que en cualquier momento podría tener que decretar un cierre gubernamental o un impago de la deuda.
En esta campaña contra el recorte se han unido los dos principales partidos políticos, así como grupos de pacientes, médicos, hospitales, compañías de seguros, activistas, sindicatos y líderes empresariales a través de la Puerto Rico Healthcare Crisis Coalition.
«Creemos que la restauración equitativa de los fondos para el sistema de salud es esencial para corregir la discriminación contra aproximadamente 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico y pagan los mismos impuestos de Medicare que los residentes de EE.UU.», asegura.
Esta coalición, que supone una inusual demostración de unidad en panorama político y social de la isla, afirma que, con el recorte, «el colapso del Sistema de Salud en Puerto Rico es inminente».
Por ello, se están reuniendo firmas a través de la web crisisdesaludpr.com, así como de la plataforma Change.org, para una petición que cuenta ya con más de 42.500 signatarios y que está dirigida a Barack Obama.
«Puerto Rico recibe la mitad de las tasas de los fondos para el sistema de salud en comparación con los demás estados. Sin embargo, los ciudadanos americanos de Puerto Rico pagan los mismos impuestos de seguro social y Medicare que los residentes de EE.UU.», dice la petición.
Añade que «la falta de fondos pondrá el sistema de salud de Puerto Rico al borde del colapso, poniendo en peligro el cuidado médico de 3,5 millones de puertorriqueños y amenazando la frágil economía de la isla».
«Hacemos un llamado para hacer frente a esta flagrante discriminación y poder lograr la igualdad en los fondos para la salud de Puerto Rico antes de que sea demasiado tarde», concluye la petición de una plataforma que denuncia que en el resto de los estados los fondos aumentarán una media del 3 % y que Puerto Rico es el único territorio con recortes.
Para el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, «no hay nada más importante que la salud y el mensaje que estamos llevando a todos los puertorriqueños, sin importar su ideología política, es que todos estamos unidos para detener esto lo más rápido posible».
Según Perelló, el Gobierno de la isla está incluso dispuesto a acudir a los tribunales para evitar una decisión que comprometería aún más las finanzas públicas de Puerto Rico ante un Ejecutivo cada vez más frustrado por la falta de apoyo por parte de Washington para solventar estos problemas.
De hecho, también se están trabajando para tratar de que Washington permita al Puerto Rico o al menos a sus entidades públicas, declararse en bancarrota y gozar de la proyección del Artículo 9 de la Ley federal de Quiebras.
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