Pekín, 29 mar (EFE).- Las autoridades chinas impidieron a Ni Yulan, abogada y activista china de derechos humanos, viajar a Washington para recoger el Premio Internacional para Mujeres con Coraje, que cada año concede el Departamento de Estado de EEUU, contó hoy ella a Efe.
Ni, abogada postrada en una silla de ruedas desde 2002 a consecuencia de torturas sufridas en prisión, intentó iniciar ya en febrero los trámites para la expedición de un nuevo pasaporte, después de haber perdido el que tenía, pero las autoridades se negaron a ello, explicó.
«Me dijeron que se debe a mi relación con los abogados de Tianjin», señaló hoy Ni, en alusión a la campaña contra letrados defensores de los derechos humanos que el Gobierno chino ha emprendido desde el pasado año, y que se ha saldado con cientos de detenciones e interrogatorios a estos profesionales.
La ceremonia de entrega del galardón fue celebrada ayer en Washington, y en ella se homenajeó a 14 mujeres de países como Bangladesh, Rusia, Irak, Sudán o Guatemala.
Ni es la tercera mujer china que recibe este galardón, después de que en 2011 fuera entregado a Guo Jianmei (directora del Centro de Estudios Jurídicos y Ayuda Legal para Mujeres) y en 2013 a la escritora tibetana Tsering Woeser, quien tampoco pudo recoger el premio en persona.
Ni Yulan y su esposo Dong Jiqin han defendido durante años a víctimas de desahucios y demoliciones forzosas en la capital china, causados por la especulación inmobiliaria y la impunidad de las constructoras, en muchas ocasiones en connivencia con gobiernos locales.
El matrimonio también perdió su hogar debido a estos abusos, y el pasado fin de semana volvieron a ser echados de la vivienda de alquiler en la que habitaban, en un incidente en el que el padre de la activista fue agredido, explicó a Efe Ni.
«Seis o siete jóvenes vestidos de negro le pegaron», relató Ni, quien aseguró que las autoridades «han presionado al casero para que no podamos vivir más allí».
La pareja ha sido detenida y ha sufrido penas de prisión en varias ocasiones, la última de ellas en 2011, durante una campaña de las autoridades contra el activismo en todos los campos, por temor a que se contagiaran en China las protestas de la entonces llamada «primavera árabe».
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