Chicago (IL), 2 nov (EFEUSA).- La principal fuente utilizada por Inmigración para localizar y deportar indocumentados es el Programa de Extranjeros Criminales (CAP en inglés), con una vigencia anterior al controversial Comunidades Seguras, según un estudio divulgado hoy por el American Immigration Council.
El origen del CAP, concebido para vigilar la presencia de extranjeros encarcelados en el país por crímenes graves, se remonta a 1988, y con el paso de los años su alcance fue creciendo al incluirse delitos menores, señaló la organización en un comunicado.
En el estudio, basado en documentos del Gobierno obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, se examina la evolución y los resultados del programa a través de los años.
Se indica, como ejemplo, que entre los años fiscales 2010 y 2013, el uso del CAP permitió que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) localizara a 2,6 millones de indocumentados en el sistema carcelario, de los cuales fueron deportados 508.000.
Durante los seis años de vigencia de Comunidades Seguras, suspendido el año pasado y reemplazado por el Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP), ICE llegó a deportar gracias a esta medida a unos 250.000 indocumentados, en su mayoría detenidos por delitos menores, según un estudio de The Journal of Law and Economics.
«El CAP es anterior a Comunidades Seguras y es mucho más efectivo», declaró a Efe uno de los autores del estudio, Guillermo Cantor, subdirector de investigación del American Immigration Council.
Según relató, era muy poco lo que se sabía hasta ahora sobre el programa porque su funcionamiento no es público.
Al desmantelar Comunidades Seguras por las protestas de las comunidades inmigrantes, el presidente Barack Obama anunció en su lugar PEP, que busca deportar a quienes tengan antecedentes de crímenes graves o sean un peligro para la seguridad nacional.
«Desapareció el nombre, pero los mecanismos siguen vigentes», dijo Cantor, porque los agentes de ICE continúan trabajando en las cárceles para controlar las huellas digitales de indocumentados detenidos y retenerlos para deportación.
El estudio indica como una «anomalía» que de los 508.000 deportados por el uso del CAP, solamente 87.426 fueron individuos condenados por crímenes violentos.
Señala además que el 92,5% de los deportados bajo este programa proceden de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que podría indicar «prejuicio» hacia esas nacionalidades.
En el estudio también trabajaron el profesor Daniel E. Martínez, director del Instituto Cisneros de Liderazgo Hispano, y el abogado Mark Noferi.
Hasta agosto pasado, el Gobierno del presidente Obama había deportado a cerca de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados, según datos de ICE.
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