Nueva York, 3 jun (EFEUSA).- El Comité para la Protección de los Periodistas exhortó hoy a que se retiren las demandas por difamación contra dos medios de comunicación, en Chile y Perú, y advirtió del posible efecto de amedrentar a la prensa en esos países.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, demandó el pasado 31 de mayo, en su carácter personal, a la revista «Qué pasa», luego de que publicara la transcripción de llamadas telefónicas que presuntamente implican a la mandataria y miembros de su familia en un supuesto tráfico de influencia.
En febrero de 2015, la revista publicó un informe alegando que Caval, una empresa que pertenece a la nuera de Bachelet, podría haber sido beneficiada indebidamente por las conexiones políticas de su dueña en un negocio inmobiliario en 2013, señala el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por siglas en ingles) en un comunicado.
De acuerdo con este comunicado, las grabaciones fueron autorizadas por el juez que investiga el caso.
La revista publicó en su edición del 31 de mayo que partes de las transcripciones fueron reeditadas pero defendió su tarea informativa y condenó a la demanda por difamación como un ataque contra la libertad de prensa, indica además el CPJ.
Bachelet, su hijo, y su nuera han negado cualquier delito.
En Perú, el gobernador del Callao, Félix Moreno, demandó por su parte el 15 de abril al periódico Perú21 y su director, Juan José Garrido, por una historia sobre la mala conducta por parte de cuatro fiscales y un juez por presuntamente fallar en investigar un alegado desalojo ilegal ordenado por Moreno como parte de un negocio de tierras.
Moreno ha negado las supuestas irregularidades en el negocio de tierras, según el CPJ, que hizo infructuosos intentos por comunicarse con el gobernador.
El CPJ exhortó a Bachelet y Moreno a retirar las demandas por difamación que «nunca debe ser tratada como un asunto criminal».
«El uso de estas leyes arcaicas es aún más chocante cuando es iniciado por funcionarios públicos, quienes deben ser sometidos a un mayor nivel de escrutinio», señaló Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del CPJ.
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